Según informó la Agencia Internacional de Noticias Ahlul-Bayt (ABNA), en las últimas semanas, el gobierno mexicano ha redoblado los esfuerzos para solicitar a Israel la extradición de Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Zerón está acusado de tortura, manipulación ilegal de pruebas y construcción de una narrativa oficial falsa conocida como la “verdad histórica”, mediante la cual autoridades federales, militares y policiales quedaron exoneradas y se ocultó la realidad de la desaparición de los estudiantes.
Este caso se ha convertido en una de las mayores crisis de derechos humanos en la historia reciente de México. Desde 2014, cuando los estudiantes de Ayotzinapa fueron secuestrados en Iguala, Guerrero, el caso permanece sin respuestas. México presentó solicitudes formales a Israel para la extradición de Zerón en 2021 y nuevamente en 2024, pero hasta la fecha no ha obtenido respuesta. Se informa que Zerón primero buscó refugio en Canadá y posteriormente se trasladó a Israel, país que no tiene un tratado de extradición con México.
Además de Zerón, México ha solicitado a Estados Unidos la extradición de dos funcionarios implicados: Ulises Bernabé, juez retirado, y Abraham N., del Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). Bernabé, asilado en EE.UU. desde 2015, está acusado de no registrar la detención de 17 estudiantes y entregarlos a la policía municipal. Abraham N. enfrenta cargos por tortura a miembros del grupo armado Guerreros Unidos para sustentar la versión oficial del caso.
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha señalado que el país continuará colaborando con la Organización de las Naciones Unidas para esclarecer la verdad y afirmó: “La justicia para Ayotzinapa continuará hasta que se conozca toda la verdad sobre este crimen.”
Los familiares de los estudiantes desaparecidos califican este caso como un “crimen de Estado”. Informes de la Comisión de la Verdad han documentado que el ataque se ejecutó con la participación directa de fuerzas de seguridad, policías y grupos armados locales, y que se alteraron pruebas de forma deliberada. La falta de cooperación de Estados Unidos e Israel alimenta la sospecha de que ambos países podrían estar protegiendo a implicados y obstaculizando el acceso a la verdad.
En el marco del undécimo aniversario de la tragedia, miles de personas salieron a las calles de Ciudad de México para exigir justicia y la plena aclaración del destino de los 43 estudiantes desaparecidos.
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