En una presentación publicada el jueves por la noche, la administración de Biden dijo que la reciente promoción del príncipe heredero al cargo de primer ministro significaba que él era “jefe de gobierno en ejercicio y, en consecuencia, inmune” a la demanda.
“El gobierno de EEUU ha expresado graves preocupaciones con respecto al horrible asesinato de Yamal Jashoggi y ha planteado estas preocupaciones públicamente y con los niveles más altos del gobierno saudí”, dijo el Departamento de Justicia en su presentación, y agregó que EEUU también impuso sanciones financieras y restricciones de visado relacionadas con el asesinato.
“Sin embargo, la doctrina de la inmunidad de los jefes de Estado está bien establecida en el derecho internacional consuetudinario y ha sido reconocida consistentemente en la práctica del poder ejecutivo desde hace mucho tiempo como una determinación basada en el estatus que no refleja un juicio sobre la conducta subyacente en cuestión en el litigio”, señaló.
La presentación del gobierno incluía una carta adjunta de Richard Visek, asesor legal interino del Departamento de Estado de EEUU, instruyendo al Departamento de Justicia a presentar una “sugerencia de inmunidad” al Tribunal. Los expertos legales dicen que la posición del gobierno de EEUU, que se presentó ante un tribunal de distrito de EEUU, probablemente llevará al juez John Bates a desestimar un caso civil presentado contra el Príncipe Mohammed, conocido por sus iniciales MBS, por Hatice Cengiz, la prometida de Jashoggi.
En 2019, tras el asesinato del periodista del Washington Post, el entonces candidato presidencial Biden prometió convertir a Arabia Saudí en un “paria” por el historial de derechos humanos del reino.
Biden habló repetidamente sobre reevaluar las relaciones entre EEUU y Arabia Saudí. Para su crédito, Biden pareció cumplir con esto al principio de su presidencia al suspender las ventas de armas ofensivas a Arabia Saudí, congelar los contactos con MBS y publicar una breve evaluación de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional que establece el papel y la responsabilidad del príncipe heredero saudí en la muerte de Jashoggi.
Es probable que la decisión del jueves provoque una reacción de enojo. La Casa Blanca esperaba que el viaje de julio del presidente Joe Biden a Arabia Saudí volviera a encarrilar la difícil relación entre EEUU y Arabia Saudí, pero desde entonces, esta última solo ha seguido deteriorándose.
La relación se está reevaluando, dijo la Casa Blanca a principios de octubre, a raíz de un recorte de la producción de petróleo por parte de la OPEP+ liderada por Arabia Saudí que la administración vio como una afrenta directa a EEUU. Los miembros del Congreso, ya enfurecidos por el recorte de petróleo y que están solicitando una reevaluación, probablemente solo se irritarán aún más si el príncipe recibe inmunidad.
Profunda traición
Agnès Callamard, secretaria general de la ONG Amnistía Internacional, calificó la recomendación del gobierno estadounidense como una “traición profunda”.
El príncipe, que ha sido el gobernante de facto del reino durante varios años, se desempeñó como viceprimer ministro y ministro de Defensa durante el reinado de su padre, el rey Salman.
Tras un relativo periodo de marginación tras el asesinato del periodista, este año volvió a la escena internacional, gracias en particular al presidente estadounidense, que visitó Arabia Saudí en julio a pesar de haber jurado previamente convertir al reino en un “paria”.
Una licencia para matar
La recomendación del gobierno estadounidense presentada el jueves le dio al líder saudí “una licencia para matar”, dijo Jalid al-Yabri, hijo de Saad al-Yabri, un ex espía saudí que acusó al príncipe de enviar un equipo de asesinos a asesinarle en Canadá.
Después de romper su promesa de castigar a MBS por el asesinato de Khashoggi, la administración Biden no solo lo protege del enjuiciamiento en los tribunales estadounidenses, sino que lo vuelve más peligroso que nunca con una licencia para matar a sus oponentes sin consecuencias, señaló Jalid.
El año pasado, Biden publicó un informe de inteligencia que decía que el príncipe aprobó la operación que condujo a la muerte del periodista, en la que participaron agentes de la seguridad saudí.
En el litigio civil en Columbia, iniciado por la Sra. Cengiz, los demandantes afirman que MBS y más de 20 coacusados, “actuando de forma conspirativa y con premeditación, secuestraron, ataron, drogaron, torturaron y asesinaron” a Yamal Jashoggi en el consulado saudí en Estambul.
Exigen una compensación económica y buscan demostrar que el asesinato fue ordenado por “la parte superior de la jerarquía del poder saudí”.