Agencia de Noticias de Ahlul Bait (ABNA) —Los palestinos de Gaza y Cisjordania tienen problemáticas comunas a pesar de la nula conexión territorial entre ambos territorios. Una de las más graves son las dificultades que tienen para satisfacer sus necesidades hídricas. No es casual que buena parte de los edificios palestinos tengan depósitos en las azoteas para recoger el agua de lluvia, sino que es casi una obligación para sobrevivir.
Los problemas de abastecimiento son provocados por la política en este campo de Israel, que no hace otra cosa que perjudicar a los palestinos en beneficio de los ciudadanos judíos. El Estado hebreo opta por violar la legislación internacional. Informes de organizaciones como Amnistía Internacional demuestran que la distribución de los recursos hídricos de la zona, básicamente bajo control israelí, es cualquier cosa menos equitativa y eso está teniendo graves consecuencias para la salud de los palestinos y para el medio ambiente.
Con el objetivo de influir en los ciudadanos y gobiernos europeos y que éstos presionen al Ejecutivo hebreo para que se vea forzado a cambiar su práctica en esta materia, el Grupo de Emergencia en Saneamiento de Agua y Higiene (EWASH, según sus siglas en inglés) -un colectivo que agrupa a 30 organizaciones entre las que hay Oxfam, Save the Children o Unicef-lanzó el pasado 22 de marzo la campaña Thirsting for Justice (Sed de Justicia). "Los palestinos tienen potencialmente suficiente agua para atender sus necesidades, pero no pueden acceder a ella porque Israel no cumple la ley", afirma Ziyaad Lunati, portavoz de la campaña.
Sin respetar la ley
Como potencia ocupante de Cisjordania y la Franja de Gaza de acuerdo con la ley internacional humanitaria, Israel es responsable del bienestar de la población civil de los territorios palestinos y debe garantizarle el abastecimiento de los elementos fundamentales para la supervivencia, entre los ellos la alimentación, el agua, los suministros médicos y el alojamiento. Además, según las Convenciones de Ginebra, los palestinos tienen garantizado el acceso a agua potable, agua para la higiene personal y saneamiento. Sin embargo, Israel es uno de los tres estados que aún no ha reconocido el derecho humano al agua y el saneamiento, blindado legalmente por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el pasado septiembre.
El Estado judío controla todas las fuentes de agua dulce de Cisjordania y los palestinos, en cumplimiento de los Acuerdos de Oslo de 1993, sólo explotan el 20% del acuífero de la montaña, la principal reserva de agua de la zona. Esto provoca que los palestinos se vean forzados a comprar buena parte de la que consumen en Israel y lo hacen a precios de mercado, mientras que los colonos que pueblan los asentamientos no tienen ningún tipo de límite en el consumo y la reciben a un precio muy bajo.
En Gaza, la situación es aún más dramática porque entre el 90 y el 95% del acuífero de la costa, la única fuente de agua de la Franja, está salinizado y contaminado debido a la sobreexplotación y el uso masivo de fertilizantes provenientes de la agricultura intensiva israelí, que pone en peligro los futuros suministros. El bloqueo hebreo a la entrada de numerosos materiales dificulta la reparación de las infraestructuras hídricas de Gaza y la búsqueda de otras fuentes alternativas.
Un elemento clave para tener un Estado
"Sin conseguir una distribución igualitaria de los recursos hídricos, el Estado palestino no puede ser viable", advierte Ziyaad Lunat quien, con todo, reconoce que la predisposición israelí para alcanzar un acuerdo más justo en el reparto del agua no es nada clara. "De lo que se trata es de poner el asunto en la agenda global, porque la población local tiene muy claro hasta qué punto es importante, ya que sufre directamente la falta de agua", afirma Lunat.
Unos 200.000 palestinos que viven en comunidades rurales ni siquiera están conectados a la red de agua corriente. En algunos casos, el Ejército israelí les impide, incluso, recoger el agua de lluvia con la destrucción de los depósitos colocados para este uso, según denuncia un informe de Amnistía Internacional publicado hace más de un año.
Más allá de los problemas económicos-desarrollar una agricultura competitiva se convierte casi en una quimera-, Thirsting for Justice también hace hincapié en las consecuencias medioambientales y de salud que genera la situación. En Cisjordania sólo hay una planta de tratamiento de aguas residuales, a la que está conectada el 31% de la población, mientras que en Gaza directamente no hay ninguna. Esto provoca, entre otras cosas, que más de 60 millones de litros de agua residual sin tratar sean vertidos diariamente al mar Mediterráneo.
La construcción de diferentes infraestructuras hídricas -como depósitos, desalinizadoras o las mismas plantas de tratamiento- para optimizar y aumentar los limitados recursos hídricos disponibles depende de las autoridades israelíes. Los palestinos están obligados a pedir una serie de permisos administrativos que casi nunca reciben y, a menudo, optan por prescindir de la documentación exigida por los israelíes. Entonces los soldados del ejército hebreo ya tienen la excusa perfecta para destruir lo que se ha levantado sin permiso. Sin agua no hay futuro y mientras una autoridad israelí, la Mekorot, controle el 53% de su suministro para uso doméstico en Cisjordania, no parece serio que los palestinos se pueden plantear un estado propio viable.
Centro de Información Alternativa (AIC), Jerusalén.