Agencia de Noticias de Ahlul Bait (ABNA) — La Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) ha presentado su informe anual sobre la situación de la tortura y los malos tratos en el Estado español.
En el conjunto del Estado español, se presentaron 540 denuncias por torturas y malos tratos a lo largo de 2010. De ellas, 132 (un 24,4%) se registraron en Euskal Herria, lo que refleja un incremento de más de un 25% respecto al año anterior, cuando se contabilizaron 104 denuncias.
En el informe, presentado en Valladolid, aparecen desglosados por cuerpo policial las denuncias presentadas en Hego Euskal Herria. Así, la Guardia Civil es la que mayor número de denuncias suma (47), seguida muy de cerca por la Policía española (46). El tercer lugar lo ocupa la Ertzaintza, con 17. El resto queda repartido entre las policías locales y funcionarios de prisiones.
Agresiones en Madrid
El primer lugar del ránking aparece Madrid, con 138 agresiones, aunque la CPDT detalla a continuación que esta situación viene dada "únicamente en casos de personas detenidas bajo el régimen de incomunicación", y que fueron trasladadas a la capital española tras haber sido arrestadas en Euskal Herria, Catalunya (que, por su parte, acumula 67 denuncias, y se sitúa en el cuarto lugar) o Cantabria.
La CPDT constata que, en 2010, "se confirma la tendencia observada el año pasado con un aumento en el número de denuncias presentadas por personas migrantes y personas presas", a pesar de las "dificultades a la hora de formular denuncias y temor a posibles represalias" que acompaña a estos colectivos a la hora de presentar una denuncia contra un funcionario público.
Entre los miembros de la CPDT, figuran organismos como Salhaketa, Torturaren Aurkako Taldea, Behatokia, Eskubideak o Etxerat.
El citado informe está realizado en base a entrevistas con los denunciantes, informaciones facilitadas por los abogados, resoluciones judiciales o informes de otros organismos contra la tortura, entre otras fuentes.
Casos no tenidos en cuenta
Por ello, la Coordinadora, formada por diferentes organismos de todo el Estado, recuerda que aún sigue habiendo muchos casos de tortura que siguen sin ser denunciados. Tampoco se recogen en el informe todas aquellas denuncias cuya información "es insuficiente" o "no ha podido ser suficientemente contrastada".
En el informe precisan que es entendido como tortura "todo acto que inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instancia suya o con su consentimiento". Se trata de la definición recogida en el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura, en vigor en el Estado español desde 1987.
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