Agencia de Noticias de Ahlul Bait (ABNA) — Los hombres enfrentan cargos de "financiación del terrorismo" y la coordinación con Al-Qaeda para tomar el poder, junto con una serie de otros cargos que fueron presentados el año pasado.
Activistas de derechos humanos dicen que los prisioneros - miembros de reconocidas familias saudíes, entre ellos profesores y un ex-juez - fueron capturados en realidad, por negarse a prestar atención a las advertencias del Ministerio del Interior a abandonar el activismo y preveer la creación de un partido político.
"Mi padre es una persona que no puede guardar silencio sobre lo que está mal, ya sea en la calle, en nuestro barrio o en la sociedad", fue citada diciendo Iman al-Shemairi, la hija de uno de los hombres detenidos, en un video subido a Youtube en marzo.
Sin embargo, los detenidos de Yeddah han sido más afortunados que otros.
Miles de personas han desaparecido en el agujero negro de las cárceles saudíes, sin cargos ni ninguna indicación de cuándo podrían ser puestos en libertad, dicen los grupos de derechos saudíes e internacionales.
El gobierno dice que es un estado islámico gobernado a través de la ley islámica o Shariah, según los eruditos religiosos (pertenecientes a la secta extremista Wahhabi o Salafí del Islam) con amplios poderes en la sociedad y una función de asesoramiento de la familia real Saudí, la cual se arroga un papel paternal benevolente.
Los activistas dicen que el resultado es que las fuerzas de seguridad pueden actuar con impunidad, y los acusados están sujetos a la interpretación personal de la ley islámica por un juez y en muchos casos no se les permite el acceso a sus abogados.
Sin un código penal, incluso hay confusión sobre las definiciones, incluyendo lo que son las "detenciones" y "presos políticos".
Los saudíes pueden encontrarse en una puerta giratoria de detención, liberación y detención, por lo que es difícil de llamar a alguien con claridad 'detenido' o un seguimiento de números.
Y en un sistema donde no hay lugar para los partidos políticos o procesos políticos democráticos, no existe el concepto de delito político, y por lo tanto no hay presos políticos.
El largo alcance de las fuerzas de seguridad, con una mano libre para detener a su voluntad, fue un importante reclamo de los manifestantes que salieron a las calles de Túnez y Egipto a principios de este año, derribando a gobernantes tiranos enviando ondas de choque a toda la región.
El gobierno dice que este fenómeno no ocurrirá en Arabia Saudí, debido a su sistema islámico y popularidad del octogenario rey Abdulá, aunque no está claro cuánto de esa popularidad se ha filtrado para el resto de su familia.
"No hay Presos Políticos"
"Reiteramos que no hay presos políticos en el reino", dijo el portavoz del Ministerio del Interior, Mansur al-Turki.
El ministerio dijo que 5.696 personas habían sido detenidas por las autoridades en casos de "miitantes", y agregó que 5.080 de ellos ya se presentaron ante los tribunales ya que las autoridades tratan de conseguir a través de una acumulación de personas detenidas por lo menos desde el 2003.
Arabia Saudí comenzó a luchar contra la militancia de al-Qaeda en 2003, deteniendo a miles de sospechosos de tener vínculos con grupos militantes, pero docenas fueron detenidos también a principios de este año después de pequeñas y pacíficas protestas pro-democráticas, como en reuniones en la Provincia Oriental de Al-Qatif.
Los manifestantes se reunieron frente al Ministerio del Interior en Riyad para pedir la liberación de sus familiares en marzo.
Arabia Saudí también tiene una "policía moral", aparato dirigido por el establishment clerical wahhabí de gran alcance y en coordinación con el Ministerio del Interior, lo que significa que es posible que algunos de los detenidos de seguridad del Estado han sido llevados a cabo por supuestos delitos contra el Islam, como insultar al Profeta Muhammad (Bpd), denigrar el Corán o "hechicería".
Los grupos de derechos humanos independientes dicen que podrían ser entre 12.000 a 13.000 personas puestas por cualquier cosa en las cárceles saudíes, que se utilizan específicamente para los casos de problemas de seguridad nacional.
Los organismos de derechos independientes de Arabia Saudí ponen un número entre 12.000 a 13.000 los detenidos por el aparato de seguridad, dijo Ibrahim al-Mugaiteeb.
"Hacemos un seguimiento de las declaraciones del Ministerio del Interior...pero hay miles de personas detenidas que nos enteramos por sus familias", dijo Mugaiteeb.
La Asociación Saudí por los Derechos Civiles y Políticos (ACPRA) dice que cree que todas las prisiones están conectadas a la Dirección de Investigaciones Generales (DGI), el aparato de seguridad del Estado, y que están llenas, en las cuales podría haber alrededor de 30,000 personas.
La semana pasada el Ministro del Interior, Príncipe Nayef, envió una carta pública detallando los casos en que dijo habían sido inventadas para justificar las detenciones de activistas políticos, pero muchos habían caído mal, simplemente por los caprichos de los oficiales de seguridad.
'LEY DEL TERROR' EN LOS TRABAJOS
La organización Amnistía Internacional con sede en Londres, dice que estima en miles las personas que han sido detenidas en el reino saudí por criticar a los órganos de gobierno y otros por razones de seguridad.
"Hay un alto nivel de secreto que mantiene la seguridad en Arabia Saudí, lo que hace que sea difícil para las organizaciones de Derechos Humanos tener un número exacto y un detalle de las personas detenidas", dijo Dina El-Mahmud, una investigadora de Amnistía.
"Sabemos que miles han sido detenidos arbitrariamente en Arabia Saudí desde 2001", agregó.
Arabia Saudí está en el proceso de estudio de la nueva ''ley antiterrorista'' que fuese criticada ampliamente en julio por Amnistía Internacional después que obtuvo una copia del proyecto de ley penal para delitos de terrorismo y financiación del terrorismo, publicado en su sitio web.
Si es aprobada, la nueva ley permitiría a los sospechosos acusados de "poner en peligro la seguridad nacional ..." y de "dañar la reputación del Estado" en régimen de incomunicación por tiempo indefinido como sospechoso de terrorismo, de ser aprobado el borrador por un tribunal especial.
La ley tambien estipula un mínimo de 10 años de cárcel por cuestionar la integridad del rey o del príncipe heredero.
La ACPRA dice que los tribunales especiales son en sí mismos una 'violación a los derechos humanos'.
"Estos tribunales violan los derechos de los defensores de los prisioneros, confesiones forzadas, documentos obtenidos bajo tortura y coacción", dijo este mes.
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