P: Entonces, Alta Comisionada Adjunta, Kyung-wha Kang: Usted está terminando una visita de tres días aquí en Chile – el primer destino en una misión a tres países de la región: ¿por qué ha venido?
R: Bueno, yo he estado planeando y esperando este viaje desde hace muchos meses, en primer lugar para venir y ver el trabajo de mis colegas aquí en la Oficina Regional, cuáles son sus retos, y por supuesto para alentar a todos los colegas aquí de parte de nosotros en la sede, y ver si puede haber un mejor apoyo que podemos ofrecer a nuestro trabajo en los seis países de la región.
P: ¿Y qué has aprendido aquí en terreno durante sus reuniones con varios actores de la sociedad civil y autoridades del Gobierno?
R: Bueno, por supuesto, recibimos informes del [Representante Regional, Amerigo Incalcaterra] y su equipo una vez al mes. Leemos acerca de los problemas de derechos humanos en Chile y en otros países, pero nunca es lo mismo que venir aquí y ver la situación en el terreno. Así que hay una gran cantidad de profundidad a lo que hemos aprendido de manera muy superficial. Y por supuesto que he venido sólo por casualidad en un momento en este tema de la educación se ha disparado a la calle. De alguna manera creo que el desafío de que los estudiantes han puesto al gobierno a través del prisma de la educación es un emblema de todo el espectro de problemas de derechos humanos que enfrenta Chile.
P: Específicamente sobre las movilizaciones estudiantiles que usted ha mencionado, los estudiantes se han lanzado a las calles durante los últimos cinco meses, en concreto con las demandas de la educación universitaria pública y gratuita y un mejor acceso a educación de calidad, en todos los niveles. ¿Cuál es la posición de la ONU al respecto?
R: Bueno, las normas internacionales de derechos humanos son muy claras. La educación es un derecho. No es caridad, no es un servicio. Se trata de un derecho que todo ser humano debe tener y es responsabilidad del Gobierno de proporcionarlo de manera progresivamente gratuita, porque se requiere de una gran cantidad de recursos para ejecutar programas educativos de calidad, a distintos niveles. Que la educación primaria debe ser gratuita para todos es una necesidad, un requisito mínimo, y la educación secundaria también, progresivamente. Finalmente, también la educación pública y gratuita a nivel universitario – para los que tienen la capacidad [académica], no todo el mundo, pero los que demuestren tener la capacidad de seguir la educación superior. Así que la orientación es muy clara.
Por supuesto, esperar la educación universitaria pública y gratuita del día a la mañana no es realista. Creo que en muchos países que se encuentran en una situación similar, esperar un cambio inmediato a la educación universitaria gratuita para todos es una meta poco realista; y entiendo los desafíos del Gobierno de tener que mejorar la calidad de la educación en todos los niveles: primaria, secundaria y los niveles de preescolar; en términos de proporcionar una atención de calidad y educación preescolar para las mujeres que trabajan, y para la población rural en particular. Pero eso no debería ser un impedimento para hacer un compromiso a largo plazo para lograr ese objetivo: la educación progresivamente gratuita en todos los niveles, y la educación de calidad en todos los niveles.
Creo que la situación aquí es difícil porque las políticas no podrían haber sido discriminatorias en sí, pero décadas de políticas que han delegado el control de calidad de la educación a los municipios, donde vemos una proliferación de instituciones privadas sin suficiente control de calidad; esto ha llevado a una situación donde la calidad es muy desigual. Entonces, dependiendo de dónde uno proviene, su acceso a la educación superior es también muy desigual, lo que representa una forma de discriminación de hecho, tanto en términos de calidad y el acceso; y esta es la situación que las autoridades del Gobierno tienen que enfrentar y con esta explosión de demandas provenientes de los propios estudiantes.
P: Ha habido varias protestas violentas en Chile, tanto ayer como hoy, durante su último día en este viaje, así como durante los últimos 5 meses. ¿Qué piensa usted de la manera en que el Gobierno de Chile está respondiendo a estas protestas?
R: Ciertamente, los manifestantes se han de llevar a cabo sus protestas y manifestaciones de manera pacífica. La violencia por parte de cualquiera de los lados no debe ser tolerada. Pero ha habido excesos por parte de la respuesta del Gobierno a estas manifestaciones. La reacción del Gobierno a las manifestaciones masivas tiene que ser proporcional y de acuerdo a las directrices internacionales sobre el control de multitudes, en el uso de la fuerza y las armas; y ha habido situaciones en que no ha sido el caso. Ha habido violencia por ambas partes: los estudiantes y destrucción de bienes públicos. No sabemos quién está detrás del incendio del autobús ayer. Pero es muy lamentable, ya que crea esa sensación de violencia. Los estudiantes tienen que mantener el mensaje de que la suya es una llamada legítima.
Tienen que hacer esto de una manera pacífica, y el Gobierno tiene que responder a esto de una manera que se adhiere a las directrices procedentes de la comunidad internacional sobre estos temas. Y si hay un uso excesivo, si hay personas heridas o golpeadas, o tratadas de una manera excesiva, tiene que haber una investigación. Por ejemplo, entiendo que hubo una muerte de un adolescente. Y resulta que fue por una sub-ametralladora; es lo que me dicen. Y yo me pregunto, ¿por qué hay una sub-ametralladora en el contexto de control del público? Es un elemento muy peligroso. Eso tiene que ser investigado a fondo. Entiendo que hay una investigación en curso. Me he reunido con muchos otros manifestantes que han sido heridos de una manera u otra, como uno con una fractura en la nariz. Estas situaciones deben ser adecuadamente examinadas por las autoridades e investigadas adecuadamente.
P: ¿Las protestas en Chile tal vez reflejan una tendencia más amplia a nivel regional o mundial? Y si es así, ¿cuál es la dimensión común de los derechos humanos en estas protestas aquí y en el extranjero?
R: Ciertamente creo que hay un contexto más amplio. Y creo que en Chile esto se está desarrollando de una manera más explosiva porque los temas se han mantenido bajo la superficie. Vemos protestas callejeras ligadas a varias causas de descontento que se están reproduciendo en muchos países alrededor del mundo. Creo que hay una creciente desconexión entre la conciencia del pueblo sobre sus derechos –si bien se trata del trabajo, la educación, vivienda— y la disposición de los gobiernos para tratarlos como tal, como una cuestión de derechos, no sólo un problema de gasto público, o de proporcionar un servicio. Pero lo que la gente está exigiendo son sus derechos inherentes. Los derechos económicos, sociales y culturales –no sólo los derechos civiles y políticos— han de cumplirse. Cuando los Gobiernos asumen el control, como Gobiernos es su deber proporcionar estructuras institucionales que garantizan el disfrute de estos derechos para todas las personas. Los derechos económicos, sociales y culturales, muchos de ellos tiene que ver con una realización progresiva, ya que requieren de recursos. Pero tiene que haber un compromiso visible del Gobierno a esa realización, y si no tienen los recursos ahora, por lo menos hay que pensar en esa dirección; y la colaboración con socios internacionales para comenzar los pasos para la realización progresiva es la idea detrás de la cooperación internacional.
P: Usted también se reunió con 38 líderes indígenas en una reunión, con tres líderes estudiantiles indígenas en otra, y con varias organizaciones no gubernamentales que representan a los pueblos indígenas de Chile. ¿Qué ha aprendido acerca de las violaciones de derechos humanos que estos grupos enfrentan aquí? ¿Y cuáles son sus recomendaciones?
R: Yo creo que es bueno que Chile haya firmado el Convenio de la OIT 169 sobre pueblos indígenas y tribales, también la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Chile es uno de los primeros partidarios de esta norma de derechos humanos muy importante que tiene desafíos de implementación. Creo que hay una brecha entre las aspiraciones de los pueblos indígenas de ver ese progreso, y la respuesta actual por parte del Gobierno de adoptar esas medidas. Hay una cuestión fundamental que es la consulta previa; que todo lo que afecta a la comunidad indígena tiene que ser hecho con suficiente consulta, inclusive con las propias comunidades; esto es el elemento clave de estas normas internacionales. Pero no ha sido el caso. El decreto jurídico vigente es muy restrictivo en ese sentido, por lo que tiene que haber una nueva ley y entiendo que el Gobierno está trabajando en una nueva ley que refleje plenamente las normas internacionales, en consulta con las comunidades indígenas, pero creo que tiene que haber un progreso significativo más visible y una demostración de ese compromiso y progreso de parte del Gobierno. Porque parece que hay una gran brecha de desconfianza de parte de las comunidades vis a vis el Gobierno.
P: Para concluir, ¿cuál es su impresión de la situación actual de los derechos humanos en Chile ahora que usted ha pasado estos tres días aquí? … si le gustaría comentar a nivel general.
R: Bueno, creo que en cierto modo, creo que las protestas en las calles representan una oportunidad. Chile es, según muchos indicadores de desarrollo, un modelo. Es uno de los pocos países que obtendrá todos los Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2015. Pero yo creo que esto opaca una sociedad que es muy desigual, y la brecha que está creciendo. Así que creo que el desafío es repensar ese modelo de desarrollo y darle un rostro humano. Y esto es lo que entendemos por integración de los derechos humanos en el desarrollo. Dar un rostro humano; asegurarse de que las personas estén participando plenamente, que el pensamiento político sea inclusivo, que no sea discriminatoria; que los más vulnerables –la parte de la población que ha sido tradicionalmente marginada, sea por las razones que sea-- puedan conseguir su participación plena en este proceso, y que haya una rendición de cuentas. Y eso es lo que queremos decir cuando decimos ¨un enfoque basado en los derechos¨ al desarrollo. Y creo que ya es hora de que Chile repiense en esa dirección.
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