Agencia de Noticias de Ahlul Bait (ABNA) - En las vistas previas celebradas el año pasado, así como en otras declaraciones públicas, Haarde ha insistido en su inocencia y en calificar de “farsa” el juicio, que considera un proceso “político”.
Un juicio discutido
La celebración del juicio estuvo en el aire hasta que el jueves pasado, el Althingi (Parlamento islandés) tumbó por 33 votos contra 27 una propuesta del líder conservador, Bjarni Benediktsson, para volver a votar de nuevo si Haarde debía de ser procesado.
El Althingi había dado luz verde en septiembre de 2010 a que Haarde fuese llevado a los tribunales, siguiendo el consejo de la comisión parlamentaria de investigación, aunque no hizo lo mismo con otros tres exministros de su gabinete, dos socialdemócratas.
El Gobierno de izquierda, al mando desde 2009, había tratado de impedir que la moción de Benediktsson fuera discutida, presentando una contrapropuesta hace un mes, pero varios diputados rompieron entonces la disciplina de partido y votaron con la oposición.
Benediktsson justificó su derrota por las supuestas presiones a sus propios diputados del Gobierno, que no se podía permitir un revés que evidenciaría más aún su frágil mayoría, reducida al mínimo tras el abandono de varios parlamentarios en los últimos meses, aunque en esta votación contó con el apoyo del opositor Movimiento de Izquierda Verde.
Entre quienes pretendían inicialmente echar abajo el proceso contra Haarde figuraban el ministro del Interior, el “rojiverde” Ögmundur Jónasson, a quien la primera ministra, la socialdemócrata Jóhanna Sigurdadóttir, sugirió hace semanas que dimitiese.
Haarde también cuenta con el respaldo del obispo de Islandia, Karl Sigurbjörnsson, quien en su sermón de Año Nuevo calificó el juicio de “desgracia” para el país.
El apoyo de los islandeses al juicio
Y el apoyo popular al proceso parece haber disminuido: hace un año dos de cada tres islandeses se mostraban a favor, pero los últimos sondeos reflejan un empate entre partidarios y opositores.
Que Haarde sea el único político procesado ha generado críticas a ambos lados del espectro político, así como el polémico papel de los socialdemócratas, que formaban parte de su coalición de gobierno y ahora dirigen el país junto con el Movimiento de Izquierda Verde.
Algunos señalan también a David Oddsson, primer ministro conservador entre 1991 y 2004 y principal impulsor de la política neoliberal que acabó colocando a Islandia al borde la bancarrota.
Y aunque el fiscal especial ha abierto decenas de casos por corrupción contra directivos (como la cúpula del que era el primer instituto crediticio del país, el Kaupthing), los dueños de los bancos no se han visto afectados.
El día que el Althingi tumbaba la moción de Benediktsson, la Autoridad de Supervisión Financiera destituía a su director, Gunnar Andersen, por no haber informado de la creación de filiales del Landsbanki en un paraíso fiscal cuando era uno de sus directivos.
Gunnar Andersen, al que también se acusa de conseguir de forma ilegal información sobre un exministro, niega todo y dice que su destitución la han impulsado personas que quieren evitar ser objeto de las investigación del organismo que dirigía hasta hace tres días.
Pese a las investigaciones y los procesos en marcha, la primera condena vinculada a la crisis no fue a banqueros ni políticos: un tribunal sentenció el año pasado a cuatro ciudadanos apenas menores por entrar de forma ilegal en el Althingi en las protestas populares de fines de 2008, que provocaron la caída del Gobierno de Haarde.
El proceso contra el antiguo primer ministro reunirá a algunas de las principales figuras políticas del país: entre los cerca de 60 testigos figuran Jóhanna Sigurdardóttir, el ministro de Finanzas y líder “rojiverde”, Steingrímur J. Sigfússon; y el propio Oddsson, que ha dicho que hará todo lo posible por ayudar a su amigo Haarde.
La defensa se centrará en que Haarde no podía intervenir en la actividad de los bancos y que la Fiscalía debe demostrar que efectivamente sus decisiones llevaron al crac bancario.
El tribunal que lo juzga es el Landsdómur, una corte especial para procesos que afecten a miembros del Gobierno, creada en 1905 y que nunca antes había actuado.
El juicio se desarrollará en un clima político enrarecido, mientras el Gobierno negocia la adhesión a la Unión Europea (UE), a la que se oponen cerca de dos tercios de la población, y con las elecciones generales de 2013 en el horizonte.
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