Agencia de Noticias de Ahlul Bait (ABNA) — Dirigentes de la sociedad Al-Wefaq, el principal foro de convergencia de partidos de la oposición chiita, anunciaron marchas en varias aldeas después de las realizadas el viernes en Daih, cerca de esta capital y que fueron dispersadas con gases lacrimógenos por efectivos de seguridad.
La demostración exigió a las fuerzas leales a la monarquía Al Jalifa que entregaran a familiares el cadáver de Abdul-Aziz Al-Abbar, quien falleció hace un mes luego de más de 50 días en coma como consecuencia de heridas durante una protesta callejera.
Un comunicado de la Dirección General de la Policía de la provincia de Manama informó que agentes tuvieron que enfrentar a los que llamó grupo de terroristas siguiendo procedimientos legales para restablecer la normalidad.
La nota agregó que "la multitud de saboteadores lanzó cocteles Molotov contra funcionarios de seguridad, incendiando un carro civil en Karbabad", por lo que se notificó el incidente al Ministerio Público y se abrió una investigación para identificar a los perpetradores.
Sin embargo, Al-Wefaq y otras agrupaciones opositoras denunciaron que la represión del viernes y el fuerte despliegue policial de este sábado son parte de una sistemática hostilidad de las autoridades con la mayoritaria población chiita de este régimen árabe.
Baréin registra desde febrero de 2011 un ambiente de frecuente tensión y polarización social debido a protestas de activistas chiitas que exigen en las calles reformas democráticas, mayores derechos para esa comunidad confesional mayoritaria aquí y la renuncia de la dinastía Al Jalifa.
Datos divulgados por organizaciones de derechos humanos contrastan con las cifras manejadas por el Gobierno, pero indican que decenas de personas han muerto y cientos resultaron heridas a causa de enfrentamientos con uniformados, que son apoyados por policías y soldados saudíes y emiratíes.
Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos enviaron en marzo de 2011 destacamentos de efectivos armados a pedido de las autoridades de Baréin para aplastar las revueltas desatadas al fragor de otros alzamientos populares en países árabes.
Tras fuertes presiones externas, la monarquía Al Jalifa aceptó investigaciones independientes y formalmente acató recomendaciones para mejorar la situación de los derechos humanos, pero los opositores afirman que siguen siendo objeto de torturas, maltratos y encarcelamientos.
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