Agencia de Noticias de Ahlul Bait (ABNA) — Esta frase es parte de las declaraciones de Muhammad Al-Derazi, miembro de la Asamblea Nacional Democrática de Baréin, sobre aquellos que matan a ciudadanos bareiníes disparando perdigones.
Abdul-Aziz al-Abbar es un joven bareiní de 27 años de edad que, según los médicos de este país, murió por el impacto de perdigones en la cara y la cabeza.
Aunque este informe fue un documento oficial y legal que confirmaba que Al-Abbar había muerto por el impacto de perdigones al igual que otras decenas de sus compatriotas, los responsables de semejantes crímenes siguen libres, como si la judicatura local hubiera cerrado los ojos a los mismos.
Desde el estallido de la revuelta popular en 2011, más de 170 ciudadanos bareiníes han perdido la vida durante manifestaciones pacíficas. Lo que da mucho que pensar es que los bareiníes son encarcelados por participar en movilizaciones pacíficas, mientras que los asesinos nunca son perseguidos por la justicia.
La violencia y la represión son la respuesta del gobierno a un pueblo que reclama la justicia y la eliminación de la discriminación. Pero los que atacan a la gente disparándoles perdigones, son, a ojos del gobierno, guardianes de la seguridad y ejecutores de la justicia.
No cabe duda de que la judicatura bareiní no es más que una institución al servicio del régimen de Al Jalifa y, lógicamente, los que están al servicio del gobierno, disfrutan de inmunidad.
Yusuf al-Mohafezah, miembro del Centro de Derechos Humanos de Baréin, sostiene que el rey del país promulgó en 2002 amnistía y la llamada Ley 56 para poner a los asesinos y verdugos bajo protección legal. Esa ley fue promulgada entonces para que las fuerzas mercenarias del gobierno pudieran seguir masacrando y torturando a los chiíes con total impunidad.
Hace años que el régimen de Al Jalifa sigue con una política discriminatoria al enfrentarse con la comunidad chií. En los últimos tres años y simultáneamente con el inicio de la revuelta popular, los chiíes han sufrido las más fuertes violencias.
Al Khashram es un agente de seguridad que había participado en la muerte y la tortura de manifestantes. Aunque fue condenado a 7 años de cárcel, el fallo en su contra aún no se ha ejecutado. Al Khashram es uno de los miles de casos de la justicia que propugna el sistema judicial local.
En Baréin nadie tiene derecho a oponerse al régimen, y si lo hace, se enfrentará a fuertes castigos y con la muerte.
En la actualidad, miles de personas se encuentran encarceladas en Baréin, en su mayoría, por cargos no probados. Entretanto, hay otros miles de personas que matan a sus compatriotas chiíes manifestantes, y reciben la sonrisa del gobierno.
Esto es toda la justicia y los derechos humanos de los que habla el régimen de Al Jalifa.
No en vano algunos grupos bareiníes han denominado a este país como el “cementerio” de los derechos humanos.
Irib
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