De acuerdo a la Agencia de Noticias de Ahlul Bait (ABNA), estas organizaciones han enviado cartas a los funcionarios de las Naciones Unidas y a 47 países en las que instan a presionar al régimen de Manama para que retire los cargos contra Rayab, ha anunciado este viernes Human Rights Watch (HRW).
De acuerdo con HRW, los cargos presentados contra Rayab son “ilegales” en virtud de los compromisos de Bahréin con la comunidad internacional y las leyes internacionales de los derechos humanos.
“Bahréin aceptó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) en 2006. El artículo 19 del PIDCP establece que cualquier persona se reserva los derechos fundamentales a la opinión y de expresión. Enjuiciando a Rayab por las declaraciones que hizo en Twitter, Bahréin viola sus propios compromisos”, ha recordado.
Rayab fue puesto en libertad provisional en noviembre de 2014, pero deberá acudir al tribunal el próximo 20 de enero para continuar el proceso judicial que afronta.
El activista fue detenido el pasado 1 de octubre tras una denuncia de los Ministerios de Interior y Defensa, que lo acusaron de haber difundido informes referentes a que miembros de las fuerzas de seguridad de Bahréin se habían unido al grupo terrorista Daesh en Irak.
En junio de 2014, unos 50 países miembros de las Naciones Unidas firmaron un comunicado conjunto en el que expresaron su preocupación "por el acoso y encarcelamiento de las personas que ejercen su derecho a la libertad de opinión y de expresión, incluidos los defensores de los derechos humanos" en Bahréin.
El comunicado pidió al régimen de Al Jalifa que libere inmediatamente a todos los presos políticos cuya cifra llega a 4000, según las declaraciones hechas en septiembre de 2014 por Rayab.
Todos los derechos pertenecen a la Asamblea Mundial de Ahlul Bait (P).