De acuerdo a la Agencia de Noticias de Ahlul Bait (ABNA), Rayab, que es el presidente del Centro de Bahréin para los Derechos Humanos, debe pagar una fianza de 200 dinares bahreiníes (unos 530 dólares) para suspender la aplicación de la sentencia hasta que la revise una corte de apelación.
El activista fue detenido el pasado 1 de octubre tras una denuncia de los Ministerios de Interior y Defensa, que lo acusaron de haber difundido informes referentes a que miembros de las fuerzas de seguridad de Bahréin se habían unido al grupo terrorista Daesh, en Irak.
Por su parte, Amnistía Internacional (AI) ha denunciado la jornada de hoy el fallo de la corte bahreiní contra Rayab, tachándolo de un "golpe" a la libertad de expresión.
Rayab "está siendo injustamente castigado por difundir twitts que supuestamente insultan a las autoridades, y su condena es un golpe a la libertad de expresión y debe ser anulada", ha recalcado el subdirector de AI para Oriente Medio y el norte de África, Said Boumedouha, en un comunicado.
Boumedouha ha citado las declaraciones del activista bahreiní antes de la emisión de la sentencia en su contra, en las cuales lamentó que los defensores de derechos humanos en los países árabes del Golfo Pérsico sufren tanto la represión de sus gobiernos como el mutismo, la hipocresía y los dobles estándares del Occidente.
El pasado 24 de mayo, Rayab fue liberado tras cumplir una condena de dos años de cárcel por criticar en Twitter al régimen de Al Jalifa por la represión de las manifestaciones prodemocráticas.
Desde principios de 2011, los bahreiníes protagonizan manifestaciones diarias contra la monarquía Al Jalifa, en su mayoría convocadas por el principal partido de la oposición, Al-Wefaq, para reclamar el fin del “monopolio de poder”, así como la instauración de un sistema constitucional y un poder judicial independiente.
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