De acuerdo a la Agencia de Noticias de Ahlul Bait (ABNA), "Estamos profundamente preocupados por el destino de Salman, que enfrenta un proceso carente de normas internacionales sobre juicios justos", denunció el miércoles la principal abogada de Salman, Yalilah al-Seyed, en una rueda de prensa.
Ayer, en la primera sesión del juicio contra Salman, el Tribunal Penal de Bahréin rechazó su puesta en libertad bajo fianza y fijó la próxima vista del proceso para el 25 de febrero.
La abogada criticó al Tribunal por impedir la participación de los miembros de la familia del líder shi’ah y los representantes de los grupos de derechos humanos y políticos en la sesión, mientras estaban presentes enviados de las embajadas de Estados Unidos, Francia, Italia y el Reino Unido.
Al-Seyed, asimismo, ha denunciado que las autoridades penitenciarias bahreiníes incluso han rehusado dar a Salman papel y lápiz en la cárcel.
Tras la decisión de la corte bahreiní de mantener en detención a Salman hasta la siguiente audiencia, decenas de personas se volcaron a las calles de Manama (capital) en solidaridad con el líder opositor.
El arresto de Salman, acusado de “incitar al derrocamiento” del régimen de Al Jalifa, ha desembocado en la intensificación de una ola de críticas internacionales contra las detenciones políticas en Bahréin.
Bahréin, un aliado de Estados Unidos en el Oriente Medio, ha reprimido brutalmente las protestas populares iniciadas el 14 de febrero de 2011 para pedir reformas políticas. En esta línea, el régimen de Al Jalifa impuso en marzo de 2011 la Ley de Seguridad Nacional, que dio lugar a la entrada de tropas saudíes y emiratíes para aplastar las manifestaciones.
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