De acuerdo a la Agencia de Noticias de Ahlul Bait (ABNA), El acto que tuvo lugar frente la oficina del primer ministro británico, David Cameron, contó con la presencia de varios expertos y activistas pro derechos humanos.
Los manifestantes portaron banderas con frases en las que se pedía al gobierno dejar de adoptar políticas racistas y posturas de doble rasero ante la revolución del pueblo bahreiní y poner fin a la ayuda que ofrece al régimen de Manama para acallar a los opositores.
Asimismo, instaron a Cameron a condenar las violaciones de derechos humanos y atrocidades que comete casi a diario el régimen bahreiní.
Por último, los opositores acusaron a la corona británica de animar al régimen Al Jalifa a intensificar las presiones contra los disidentes.
A pesar de que las organizaciones pro derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional (AI), en reiteradas oportunidades han expresado su preocupación por la difícil situación que atraviesa la oposición en Bahréin, Londres no cesa su respaldo a Manama.
El pasado mes de enero, los indignados bahreiníes quemaron la bandera británica en una protesta registrada en el sur de este pequeño país insular del Golfo Pérsico.
La ira de los bahreiníes con el Gobierno de Londres se ha multiplicado, especialmente, después de la detención de Ali Salman, el secretario general del principal partido opositor de Bahréin, Al-Wefaq, que tuvo lugar el pasado 28 de diciembre, bajo la acusación de “incitar al derrocamiento” del régimen de Al Jalifa.
Cabe recordar que el pasado 5 de diciembre, el Reino Unido y Bahréin anunciaron la firma de un acuerdo por medio del cual Londres se asegura la presencia permanente de la Royal Navy (Armada británica) en el país árabe.
Según argumentan los funcionarios británicos, esta base naval se utilizará para reforzar las incursiones aéreas que se llevan a cabo en Irak y Siria contra el grupo takfirí Daesh.
Sin embargo, el pueblo bahreiní ha rechazado el emplazamiento de bases militares extranjeras en su territorio, pues derivan en un aumento de la represión de las movilizaciones populares antigubernamentales, iniciadas en febrero de 2011.
Todos los derechos pertenecen a la Asamblea Mundial de Ahlul Bait (P).