De acuerdo a la Agencia de Noticias de Ahlul Bait (ABNA), Los familiares de más de 1100 activistas presos en Bahréin instaron el jueves a varias organizaciones, entre ellas la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a tomar medidas inmediatas que contribuyan a poner en libertad a los políticos encarcelados en el país árabe.
Los familiares de más de 1100 activistas presos en Bahréin instaron el jueves a varias organizaciones, entre ellas la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a tomar medidas inmediatas que contribuyan a poner en libertad a los políticos encarcelados en el país árabe.
El llamado de los familiares de los presos políticos se dirigió al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la Cruz Roja para que intervengan a fin de excarcelar a los presos políticos, entre los que se encuentran clérigos, activistas pro derechos humanos y figuras deportivos y académicos.
Según el principal partido opositor bahreiní, Al-Wefaq, la petición se debe a la preocupación de las familias por el estado de salud físico y psicológico de los activistas encarcelados en la cárcel Jaw (este).
Los representantes de las familias afirmaron haber recibido informes de que los presos en la citada cárcel de Al Jalifa sufren violentas torturas y soportan condiciones inhumanas, incluso no tienen el permiso para utilizar el baño o afeitarse.
En este sentido, exigieron a la ONU que envíe a su relator especial sobre la Tortura, Juan Méndez, a este país del Golfo Pérsico para investigar las violaciones sistemáticas de los derechos humanos que se ejercen en las cárceles.
Cerca de 4000 presos políticos están encarcelados en Bahréin, tal y como anunció el pasado septiembre el presidente del Centro de Bahréin por los Derechos Humanos (BCHR, por sus siglas en inglés), Nabil Rayab.
Bahréin, un aliado de Estados Unidos en el Oriente Medio, ha reprimido brutalmente las protestas populares desde su inicio, el 14 de febrero de 2011. Un mes después, el régimen de Al Jalifa impuso la Ley de Seguridad Nacional que permitió la entrada de tropas saudíes y emiratíes para ayudar a sofocar las manifestaciones.