De acuerdo a la Agencia de Noticias de Ahlul Bait (ABNA), Washington no cesa de afirmar que EEUU no está implicado en estas “revoluciones de colores” a través del mundo, pero la realidad política en países como Serbia, Georgia y Ucrania demuestra la falsedad de tales afirmaciones, escribe el politólogo serbio Srdzha Trifkovic en la revista norteamericana Chronicles.
“Ellos no han podido llevar a cabo el programa de cambio de régimen en Rusia. En primer lugar, el apoyo popular a Putin es abrumador, más del 80%. Centenares de militantes se manifestaron contra el presidente Putin en 2012 -su número fue rápidamente elevado a “millares” por los medios occidentales- pero incluso una cifra de este calado no es suficiente para lanzar una “operación de cambio de régimen”, señala Trifkovic, director del Centro para Estudios Internacionales del Instituto Rockford.
Él señala que el embajador de EEUU en Rusia, Michael McFaul manifestó en 2012 al New York Times que quería dejar una huella “pro-democrática” notable en Rusia y que lo haría de una “forma agresiva”.
“Algunos meses más tarde él dijo que los dirigentes occidentales debían permanecer fieles a dicho objetivo, consistente en reunir las condiciones para la aparición de un “líder democrático” en Rusia”, señaló Trifkovic.
Se trata, según él, de un proyecto de golpe de estado que busca “desputinizar” Rusia.
“Sería interesante ver la reacción de EEUU en caso de una declaración similar efectuada por parte del embajador ruso en Washington”, señala el politólogo.
La reacción de Moscú fue inmediata. Rusia aprobó una ley sobre ONGs que causó la consternación de Washington. Se trata de una norma dirigida a controlar el flujo de dinero extranjero hacia las organizaciones no gubernamentales, que han servido como plataforma para el lanzamiento de protestas dirigidas a lograr un cambio de régimen en varios países.
La nueva ley fue criticada muy violentamente en EEUU, aunque los diputados rusos tomaron como base para elaborar la misma una ley estadounidense análoga, en vigor desde los años treinta del pasado siglo, llamada FARA (Foreign Agents Registration Act), que obliga a registrar a las ONGs que reciben financiación extranjera.