“Once Bahreiníes Podrían Enfrentarse a su Expulsión Inminente de su País Tras Despojarlos de su Nacionalidad”

Según la Agencia Noticiosa Ahlul Bait (ABNA) – El mes pasado ya se obligó a dos personas a abandonar Bahréin, y un tribunal ha ratificado otra orden de expulsión el 6 de marzo.

“La tendencia creciente a recurrir a la expulsión de personas a quienes se les ha retirado la nacionalidad de manera arbitraria es una estremecedora evolución que refleja la erosión general de los derechos humanos en Bahréin en los últimos años. La expulsión es, al parecer, el arma que las autoridades bahreiníes tienden cada vez más a elegir para expulsar a personas ‘indeseadas’ y acallar la disidencia”, ha dicho James Lynch, director adjunto del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

“En lugar de privar de sus derechos a ciudadanos y ciudadanas retirándoles la nacionalidad y obligándolas a salir del país en contravención del derecho internacional, las autoridades bahreiníes deben detener todas las expulsiones previstas, permitir que retornen las personas expulsadas y restituirles la nacionalidad. Igualmente, deben parar todos los procesos de retirada de la nacionalidad que terminen convirtiendo en apátrida a una persona.”

La expulsión es, al parecer, el arma que las autoridades bahreiníes tienden cada vez más a elegir para expulsar a personas ‘indeseadas’ y acallar la disidencia.

En 2015 se multiplicaron por 10 los casos de retirada de la nacionalidad en Bahréin: 208 personas privadas de su nacionalidad en 2015 frente a sólo 21 en 2014. En las últimas semanas, el número creciente de expulsiones ha hecho crecer los temores de que en 2016 haya un brusco aumento en el número de personas expulsadas de Bahréin.

El 6 de marzo, un tribunal bahreiní ratificó la orden de expulsar a Masaud Jahromi, profesor universitario, uno de los 72 bahreiníes a quienes el Ministerio del Interior despojó arbitrariamente de su nacionalidad en enero de 2015 por su implicación en “actos ilegales” de imprecisa definición, que incluían defender un “cambio de régimen” y difamar a “países hermanos”. Corre riesgo inminente de expulsión.

Si finalmente sucede, Masaud Jahromi será el tercero del grupo de 72 en ser expulsado en poco más de dos semanas. El 21 de febrero, Muhamad Hassan Ali Hussain Joyasta, clérigo shiíta, fue expulsado a Líbano sólo tres días después de que el tribunal confirmara en apelación su orden de expulsión. El 24 de febrero, Hussain JairAllah Muhammed Mahmud fue obligado a subir a un avión de Gulf Air con rumbo a Líbano, al día siguiente de que se confirmara su orden de expulsión. Según testigos presenciales, al principio se negó a subir al avión y fue golpeado por agentes de seguridad.

El 8 de marzo, al menos otra persona del mismo grupo de 72 también corre peligro inminente de expulsión si se ratifica la orden contra ella.

Ese mismo día se celebra otra vista de apelación sobre una orden de expulsión contra otros 10 ciudadanos bahreiníes, entre ellos una mujer, a quienes privaron de su nacionalidad. Su ratificación pondría a todos en peligro inminente de ser expulsados. Los 10 pertenecen a un grupo de 31 personas, entre las que hay ex parlamentarios, abogados, defensores de los derechos humanos y activistas de la oposición, a las que el Ministerio del Interior retiró la nacionalidad en noviembre de 2012 por “lesionar” la seguridad del Estado. Las 10, que a raíz de la decisión se convirtieron en apátridas, permanecen desde entonces en Bahréin; en 2014 fueron acusadas de residir ilegalmente en el país y se dictó una orden de expulsión contra ellas. El Sheij Hussain al Nayati, del grupo de 31, fue expulsado en abril de 2014.

Privar arbitrariamente a ciudadanos o ciudadanas de su nacionalidad sobre la base de acusaciones imprecisas es un incumplimiento manifiesto de las obligaciones internacionales contraídas por Bahréin en materia de derechos humanos.

Las personas a las que se retira la nacionalidad tienen la obligación de entregar el pasaporte y documento de identidad y solicitar un permiso de residencia como extranjero; si no lo hacen, deben abandonar el país. Quienes se han quedado en Bahréin sin que se les haya concedido un permiso de residencia han sido acusados de “residir ilegalmente” en el país y han recibido una orden de expulsión.

“Privar arbitrariamente a ciudadanos o ciudadanas de su nacionalidad sobre la base de acusaciones imprecisas es un incumplimiento manifiesto de las obligaciones internacionales contraídas por Bahréin en materia de derechos humanos. Es indignante que se esté convirtiendo en apátridas y privando del derecho a residir en el propio país a ciudadanos y ciudadanas de Bahréin”, ha manifestado James Lynch.

Además de las decisiones del Ministerio del Interior de retirar la nacionalidad, los jueces también han dictado, cada vez con mayor frecuencia en los últimos años, sentencias que incluyen la retirada de la nacionalidad, principalmente en casos de personas condenadas por delitos relacionados con el terrorismo.

Las enmiendas introducidas a la legislación bahreiní en los últimos años han ampliado asimismo los motivos por los que se puede retirar a una persona su nacionalidad. Ahora incluyen a “toda persona cuyos actos contravengan su deber de lealtad al Reino”. Las nuevas enmiendas facultan además al ministro del Interior para retirar la nacionalidad a todo ciudadano bahreiní que adquiera otra nacionalidad (excepto si es de otro Estado del Golfo Pérsico) sin permiso del Ministerio.

Información complementaria

El derecho a la nacionalidad, de la que no debe privarse a nadie arbitrariamente, está consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Bahréin es Estado Parte. La Convención para Reducir los Casos de Apátridas, de 1961, también prohíbe, con muy pocas excepciones, y estrictamente delimitadas, toda pérdida de la nacionalidad que convierta a la persona en apátrida. Por consiguiente, la obligación de evitar la apatridia está reconocida como norma de derecho internacional consuetudinario. El derecho y las normas internacionales de derechos humanos también prohíben la expulsión arbitraria y el exilio de personas de su propio país.



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