Según la Agencia Noticiosa Ahlul Bait (ABNA) – Desde 2011, Bahréin es el teatro de grandes protestas populares que exigen reformas políticas democráticas, el fin de la discriminación a los shiítas y el respeto a los derechos humanos, señala Sputnik.
En ese año fue decretado el estado de emergencia en todo el país, que fue levantado más tarde, pero la política represiva continúa y el número de arrestos y el de presos políticos no dejan de aumentar. Se calcula en 4.000 el número de personas detenidas por razones políticas, por “delitos” como el participar en manifestaciones.
La política de desapariciones y de inmunidad de los cuerpos represivos en el país suponen violaciones del Derecho Internacional y la Carta de la ONU, señala Sputnik.
El Fiscal General y los tribunales del régimen de Bahréin se han transformado en intrumentos represivos contra los opositores políticos y los activistas pro-derechos humanos. El régimen monárquico absolutista de la familia Al Jalifa, que está apoyado por Arabia Saudí y otros estados del Consejo de Cooperación del Golfo, no ha cesado a ningún alto responsable de seguridad por el asesinato y la tortura de manifestantes. El número de muertos causados por la represión asciende a un centenar. El de torturados se cuenta por miles.
La Comisión Americana sobre la Libertad Religiosa Internacional ha pedido a la Administración Obama que presione al gobierno de Bahréin para que aplique las recomendaciones de la Comisión de Investigación Independiente de Bahréin en relación a la libertad religiosa y la libertad de opinión y que responda a los abusos cometidos contra los shiítas, que representan a la mayoría de la población de Bahrein.
El régimen de Bahréin ha intentado cambiar el equilibrio religioso del país concediendo la nacionalidad a extranjeros que residen en el país y privando de ella a muchos shiíes.
En su informe de 2016, la Comisión Americana sobre la Libertad Religiosa Internacional señala que los ciudadanos shiítas en Bahréin sufren todo tipo de discriminaciones y están sometidos a arrestos e interrogatorios continuados.
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