Piden Cárcel y Multa para Cinco Vigilantes de Hospital que Agredieron a un Musulmán cuando Rezaba

La Fiscalía pide un año de prisión y una multa de 600 euros para cinco vigilantes de seguridad del Hospital del Mar de Barcelona, a los que acusa de vejar y agredir a un taxista musulmán que hacía sus oraciones en los aledaños del centro sanitario.

En su escrito de calificación, el fiscal de Delitos de Odio y Discriminación de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar, acusa de un delito contra la integridad moral y de una falta de lesiones a los cinco vigilantes, que trabajaban en el Hospital del Mar como subcontratados por una empresa de seguridad.

Según sostiene el fiscal, la víctima fue agredida la madrugada del 19 de julio de 2013, cuando, tras estacionar su taxi en los aledaños del Hospital del Mar de Barcelona, se puso a rezar arrodillado sobre una alfombra que extendió en el suelo.

Uno de los vigilantes procesados, Juan Carlos, se dirigió entonces a la víctima y, sin que existiera provocación ni conflicto previo, interrumpió su rezo mientras le reprendía con expresiones como “esto no se puede hacer aquí, vete a otros sitio”, “vete a hacerlo a tu tierra” o “esto no se hace en este país”.

Como el taxista prosiguió con sus rezos, el procesado fue en busca de otros cuatro vigilantes de seguridad del centro sanitario -Rubén, Alejandro, José y Luis-, con los que regresó al lugar donde se encontraba la víctima con el propósito de vejarlo y “menospreciarlo” por la religión que profesaba, añade el fiscal en su escrito.

Insultos y golpes

Los procesados dirigieron al taxista musulmán insultos y expresiones vejatorias, le golpearon con sus defensas y le propinaron patadas y puñetazos, hasta que intervino un ciudadano que había presenciado los hechos cuando caminaba por la zona.

A consecuencia del ataque, el taxista sufrió erosiones en la espalda, el abdomen y el tobillo, de los que tardó ocho días en sanar y que precisaron una sola asistencia médica, por lo que la Fiscalía califica la agresión de falta de lesiones, en vez de delito.

El ministerio público pide que los procesados indemnicen a la víctima con 320 euros por las lesiones sufridas y con otros 1.000 por los daños morales causados, cantidades de las que responderá subsidiariamente la empresa que los contrató y la compañía aseguradora de la misma.



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