En el país europeo que más controles de identidad practica, un negro tiene seis opciones más de que la policía le pida su documentación. Y un árabe o de procedencia árabe, nueve veces más. Lo venían afeando desde hace años asociaciones como Stop al Control por el Aspecto, que dice recibir 300 denuncias al año, o la fundación Open Society, sostenida por el financiero George Soros.
En un país multirracial con tantos problemas de convivencia, el asunto levanta ampollas desde hace mucho tiempo y es tan sensible que hasta François Hollande incluyó entre sus solemnes promesas electorales en 2012 la exigencia a la policía de dejar constancia por escrito, caso por caso, el motivo de cada control, el lugar y la hora.
Ha sido otra promesa incumplida y los agentes retienen a quien consideran oportuno y le registran o toman nota de sus datos personales sin que quede constancia oficial ni justificación de la iniciativa. Tampoco el controlado tiene derecho a recibir un justificante de lo ocurrido. Como en muchos países, dirán algunos, pero aquí la historia ha cambiado ahora.
El veredicto de los jueces señala que cinco de trece jóvenes que presentaron una denuncia por un control en París tenían razón en quejarse de sufrir discriminación por su aspecto de extranjeros. A partir de ahora, a la policía le corresponderá la carga de la prueba en caso de denuncia con testigos. Y el Gobierno estudia poner en marcha esos justificantes. Los sospechosos pasan a ser los agentes.
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