El expresidente del Gobierno Adolfo Suárez dijo en 1995 a la periodista Victoria Prego que durante la Transición manejaba encuestas que pronosticaban que, en caso de referéndum, los españoles elegirían la opción repúblicana. La confesión ha levantado un sinfín de reacciones, entre las que se encuentran los que han alegado que en aquella época Suárez ya padecía alzheimer. "Lo que dice ni se ajusta a la verdad ni al sentido común", escribió el director de El Mundo Pedro G. Cuartango, que alegó que el expresidente "ya estaba muy afectado por el deterioro mental que le produjo el mal neurodegenerativo que padeció hasta su muerte"
Más allá de que las afirmaciones de Cuartango entran en contradicción con la biografía del propio Suárez, la Fundación Foessa ya había realizado en 1970 una encuesta en España sobre sus preferencias para "después de Franco". Fue en el Informe sociológico sobre la situación social en España, 1970 que rescató el abogado Joan Garcés para la obra Soberanos e intervenidos. Estrategias globales, americanos y españoles (Siglo XXI de España Editores).
La encuesta pregunta a los españoles por el "sistema preferido para después de Franco" y la respuesta es clara: el 49,4% apuesta por la República, mientras que la monarquía cosecha el 20,8% de los apoyos. Un 29,8% decía que prefería un sistema "como el actual", es decir, la continuidad del franquismo.
La misma encuesta desgranaba el apoyo a cada opción por sectores. El 76% de los estudiantes preferían una república, también el 53% de los abogados, el 45% de los empleados, el 43% de los médicos y el 30% de los obreros. Por su parte, la opción de la monarquía borbónica conseguía el apoyo del 1% de los estudiantes, el 23% de los abogados, el 5% de los empleados y el 5% de los obreros. Sorprendentemente, la opción mayoritaria en el grupo de "obreros" es la continuidad del régimen franquista, con un 55% de apoyo.
Perpetuar la subordinación de los republicanos
Joan Garcés, que ha sido asesor de Salvador Allende, explica que la revelación de la confesión de Suárez a Victoria Prego "no revela nada que no fuera conocido por quien quisiera conocerlo". "Algunas de las encuestas hechas en los años setenta son de libre acceso, como las publicadas por la Fundación Foessa, o por otras instituciones, españolas y extranjeras, que corroboran lo que Adolfo Suárez dijo en 1995, el amplio y continuado respaldo a la forma republicana de gobierno entre los españoles", señala en declaraciones a Público.
El abogado, que en 1974 formó parte del equipo personal de François Mitterrand en las elecciones a la Presidencia de la República francesa, explica que con estas encuestas en la mano "el cambio de régimen de partido único (la Falange fascista) al del pluripartidismo entre 1975 y 1977 fue pensado para perpetuar la subordinación/discriminación de los republicanos españoles" por lo que las "instituciones creadas a partir de 1975 buscaron tener bajo control al electorado antes de que se abrieran las urnas por primera vez desde las elecciones de febrero de 1936".
Así, Garcés, ganador en 1999 del conocido como Premio Nobel Alternativo, defiende que "la ley electoral fue y se mantiene hoy para primar el voto rural (más conservador) sobre el resultado del voto de los grandes centros urbanos". Además, explica, "el distrito provincial (en vez del unipersonal existente antes de 1939), las listas cerradas y bloqueadas, tuvieron, y tienen, como finalidad que los diputados/senadores elegidos estén subordinados a quien les pone en (y les quita de) las listas electorales, más que a sus electores, etc.".
Felipe González, en el punto de mira
El control de las élites sobre el proceso de democratización del Estado para conseguir establecer una monarquía parlamentaria se ratifica en el hecho de que los partidos republicanos no fueron legalizados hasta después de las primeras elecciones generales el 15 de junio de 1977. Isabelo Herreros, exsecretario general de Izquierda Republicana durante la Transición, señala en un reportaje de Público lo siguiente:
"Primero hubo un encuentro con Manuel Fraga, ministro de la Gobernación hasta julio de 1976, donde nos dijo que hasta que no quitásemos la 'R' no se nos legalizaría, ni con ese gobierno ni con ninguno de la Monarquía. Con el gobierno de Suárez apenas hubo contactos, pues la única interlocución era a través de Juan José Rosón, gobernador civil de Madrid entre 1976 y 1980, y siempre dijo que el obstáculo era el PSOE. Nos animaba a convencer a Felipe González, Javier Solana o Enrique Múgica, al parecer los más intransigentes con nuestra legalización. Presentamos los papeles cuando se abrieron los plazos. Martín Villa remitió al Tribunal Supremo la documentación, pero no para que nos legalizasen si no para que vieran si en nuestra actuación había hechos delictivos y así proceder contra nosotros".
ALEJANDRO TORRÚS
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