Las autoridades bahreiníes imputaron el domingo a Sharif por unas declaraciones hechas la semana pasada a la prensa durante la visita del príncipe Carlos de Reino Unido al país árabe.
"La pompa y la ceremonia de una visita real no debería ir seguida del arresto de críticos pacíficos al Gobierno", ha dicho el subdirector de HRW para Oriente Próximo, Joe Stork.
"Dado que el Gobierno británico reclamó este viaje, depende de ellos pedir públicamente la liberación de Sharif", ha agregado.
El propio Sharif ha dicho a HRW que oficiales de la Dirección contra Crímenes Informáticos le citó para interrogarle el 13 de noviembre sobre sus comentarios a la agencia Associated Press sobre la visita del príncipe Carlos.
Asimismo, ha desvelado que las autoridades aeroportuarias le impidieron salir del país el 5 de noviembre, argumentando que contra él pesa una prohibición de viaje.
Por ello, Sharif ha descrito las acciones del Gobierno como "tácticas de miedo usadas habitualmente por gobiernos no democráticos para impedir que los defensores de los Derechos Humanos y los activistas políticos defiendan a miles de personas torturadas, encarceladas y forzadas al exilio".
Sharif fue liberado en julio tras cumplir un año de cárcel por "incitación" contra el Gobierno, y previamente había cumplido cuatro de los cinco años a los que fue sentenciado por su papel en las protestas prodemocráticas de 2011.
El emirato, aliado de Estados Unidos y las monarquías del Golfo, ha reprimido violentamente durante los dos últimos años las protestas prodemocráticas en el territorio.
En dicho contexto, impuso la Ley de Seguridad Nacional en marzo de 2011, lo que conllevó la entrada de tropas saudíes y emiratíes en el país para aplastar las protestas.
La oposición ha denunciado en reiteradas ocasiones las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de 80 personas desde el inicio de las protestas, la mayoría de ellas por inhalación de gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales.
Asimismo, desde el inicio de la represión de las autoridades contra los manifestantes, ONG internacionales como Amnistía Internacional (AI), HRW o Reporteros Sin Fronteras (RSF) han emitido múltiples comunicados para denunciar la situación de Derechos Humanos en el país y pedir a la comunidad internacional una postura activa de presión sobre el Ejecutivo.
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