“Presentar una querella es lo mínimo que podemos hacer cuando nos quitan nuestros derechos y ocupan las tierras de nuestros padres, abuelos y antepasados”, señaló Anuar Majluf, director ejecutivo de la Federación Palestina de Chile.
El abogado, declaró que gran parte de la comunidad palestina que representan, tienen terrenos en el Valle del Cremisán, localidad de Beit Yala, Beit Sahur y Belén, “que hoy están siendo confiscados por Israel”. “La vía judicial es una opción no violenta en contra de la ocupación”, agregó Majluf.
Según la Federación Palestina, la acción judicial se puede articular en Chile gracias a que en 2009 el país sudamericano firmó el Estatuto de Roma, que reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
Con este Estatuto, “se reconoce la voluntad política universal de perseguir los crímenes de lesa humanidad, de manera efectiva y eficiente” y preservar los derechos de las víctimas, entre las que se encuentran los querellantes chilenos, señalaron desde la Federación.
Si la justicia chilena se declara incapaz de perseguir estos hechos, el Estado sudamericano, por obligaciones internacionales, deberá de todas formas remitir la causa a la Corte Penal Internacional.
En tanto, en el caso de declararse admisible, la querella comenzará un proceso “inédito” para el poder judicial chileno, al “tener que zanjar sobre posibles crímenes de guerra y lesa humanidad ocurridos en un territorio a más de 13.000 kilómetros de distancia”.
“La construcción de un muro ilegal ha servido como excusa para, paulatinamente, anexionarse más y más terrenos fértiles y, al mismo tiempo, ir segregando y aislando a la población palestina en reducidas zonas, privándola de sus más esenciales derechos”, sentenció Majluf.
La acción judicial fue presentada en el Quinto Juzgado de Garantía de Santiago, con la presencia de los diputados de derecha Felipe De Mussy y Sergio Gahona, y el alcalde comunista del municipio de Recoleta, sector norte de Santiago, Daniel Jadue.
La querella está patrocinada por el abogado español Gonzalo Boye y el abogado chileno Nicolás Pavez. Pavez explicó que “parte fundamental de la ocupación de Israel sobre el territorio palestino, y su consecuente anexión, se ha realizado con la participación activa de las autoridades políticas, militares y, especialmente, judiciales”.
Según la Federación, en 2006 el Ministerio de Defensa israelí expresó su intención de construir un muro de separación por todo el Valle de Cremisán, como respuesta a los ataques emanados desde el territorio palestino de Belén durante la intifada de Al-Aqsa, que se extendió desde septiembre de 2000 hasta 2005, causando más de 6.000 muertes reconocidas oficialmente, de 1.063 israelíes y 5.516 palestinos.
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