La organización utilizó imágenes de satélite para cifrar en 1.500 los edificios calcinados desde que el Ejército se desplegó en el norte del estado de Rakhine, tras el asalto armado del 9 de octubre contra puestos fronterizos atribuido a insurgentes rohinyá.
En un nuevo informe, HRW aseguró además que el patrón a lo largo del tiempo de la quema de casas coincide con el del avance de los militares y que algunos casos ocurrieron mientras las fuerzas de seguridad estaban desplegadas en la aldea.
También indicó que pudo documentar al menos tres casos en los que los incendios ocurrieron tras ataques de los insurgentes, lo que “sugiere un elemento de represalia”.
La organización aportó el testimonio de diez rohinyá que huyeron de la violencia hacia Bangladesh e implicaron directamente a los militares por la quema de casas.
La denuncia se añade a las de varios activistas que acusan al Ejército de cometer ejecuciones, violaciones y saqueos en esta campaña de castigo que mantiene la zona cerrada a la ayuda humanitaria y a observadores independientes.
El Ejército y el Gobierno birmano han negado hasta ahora las acusaciones y han atribuido la quema de casas a militantes rohinyá.
HRW exigió a las autoridades birmanas que abran la zona afectada a la ayuda humanitaria y a observadores, petición que en los últimos días también realizaron Naciones Unidas y 14 legaciones diplomáticas en Birmania.
En un nuevo informe, HRW aseguró además que el patrón a lo largo del tiempo de la quema de casas coincide con el del avance de los militares y que algunos casos ocurrieron mientras las fuerzas de seguridad estaban desplegadas en la aldea.
También indicó que pudo documentar al menos tres casos en los que los incendios ocurrieron tras ataques de los insurgentes, lo que “sugiere un elemento de represalia”.
La organización aportó el testimonio de diez rohinyá que huyeron de la violencia hacia Bangladesh e implicaron directamente a los militares por la quema de casas.
La denuncia se añade a las de varios activistas que acusan al Ejército de cometer ejecuciones, violaciones y saqueos en esta campaña de castigo que mantiene la zona cerrada a la ayuda humanitaria y a observadores independientes.
El Ejército y el Gobierno birmano han negado hasta ahora las acusaciones y han atribuido la quema de casas a militantes rohinyá.
HRW exigió a las autoridades birmanas que abran la zona afectada a la ayuda humanitaria y a observadores, petición que en los últimos días también realizaron Naciones Unidas y 14 legaciones diplomáticas en Birmania.
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