Después del anuncio de la ejecución de el Ayatulá al-Nimr junto a 46 personas más, los bahreiníes han protagonizado muchas protestas en diversas ciudades del país árabe, para condenar la medida saudí pese a las restricciones que impusieron las autoridades del mencionado país al respecto.
El clérigo shiíta fue condenado a la pena capital el 15 de octubre de 2014 por defender los derechos de los prisioneros y desobedecer a los Al Saud, familia que reina en el rico país árabe.
Los indignados bahreiníes tomaron el domingo las calles del pueblo noroccidental de Diraz, al oeste de Manama, para mostrar su solidaridad al líder espiritual del principal partido opositor, Al-Wefaq, Ayatulá Sheij Issa Ahmad Qassem —al que la familia real Al Jalifa le revocó la ciudadanía el 20 de junio pasado por perjudicar supuestamente los intereses del país—, y expresar su repudio a las atrocidades cometidas por el régimen gobernante contra la población.
Desde la fecha, los bahreiníes, en rechazo a tal medida, han celebrado sistemáticamente múltiples marchas fuera de la casa del Ayatulá Issa Qassem, mientras estas marchas antigubernamentales han provocado duros enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad bahreiníes.
En la isla de Sitra, al sur de Manama, también se registraron los incidentes más violentos, donde han tenido lugar choques entre los agentes antidisturbios que lanzaron gases tóxicos y perdigones contra los protetantes.
Por otro lado, los shiítas de la ciudad de Al-Qatif, en la provincia oriental de Al-Sharqiya, ciudad natal del Ayatulá sheij Al-Nimr, se manifestaron para conmemorar también el primer aniversario de su ejecución.
Bajo el lema “No pudieron matarle”, refiriéndose a la monarquía de los Al Saud, se producen las protestas ciudadanas.
En sus discursos, el ejecutado clérigo shiíta condenaba sistemáticamente la represión de las manifestaciones populares pacíficas en Bahréin por parte de las fuerzas de seguridad de Al Jalifa y el apoyo de los Al Saud a este régimen en la matanza de su propia gente.
Fue el 2 de enero de 2016 que las autoridades de Riad informaron de la ejecución del clérigo shiíta y de otras 46 personas por supuestos cargos de terrorismo.
El clérigo shiíta fue condenado a la pena capital el 15 de octubre de 2014 por defender los derechos de los prisioneros y desobedecer a los Al Saud, familia que reina en el rico país árabe.
Los indignados bahreiníes tomaron el domingo las calles del pueblo noroccidental de Diraz, al oeste de Manama, para mostrar su solidaridad al líder espiritual del principal partido opositor, Al-Wefaq, Ayatulá Sheij Issa Ahmad Qassem —al que la familia real Al Jalifa le revocó la ciudadanía el 20 de junio pasado por perjudicar supuestamente los intereses del país—, y expresar su repudio a las atrocidades cometidas por el régimen gobernante contra la población.
Desde la fecha, los bahreiníes, en rechazo a tal medida, han celebrado sistemáticamente múltiples marchas fuera de la casa del Ayatulá Issa Qassem, mientras estas marchas antigubernamentales han provocado duros enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad bahreiníes.
En la isla de Sitra, al sur de Manama, también se registraron los incidentes más violentos, donde han tenido lugar choques entre los agentes antidisturbios que lanzaron gases tóxicos y perdigones contra los protetantes.
Por otro lado, los shiítas de la ciudad de Al-Qatif, en la provincia oriental de Al-Sharqiya, ciudad natal del Ayatulá sheij Al-Nimr, se manifestaron para conmemorar también el primer aniversario de su ejecución.
Bajo el lema “No pudieron matarle”, refiriéndose a la monarquía de los Al Saud, se producen las protestas ciudadanas.
En sus discursos, el ejecutado clérigo shiíta condenaba sistemáticamente la represión de las manifestaciones populares pacíficas en Bahréin por parte de las fuerzas de seguridad de Al Jalifa y el apoyo de los Al Saud a este régimen en la matanza de su propia gente.
Fue el 2 de enero de 2016 que las autoridades de Riad informaron de la ejecución del clérigo shiíta y de otras 46 personas por supuestos cargos de terrorismo.
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