Según la Agencia Noticiosa de Ahlul Bait (ABNA) - El año 2016 presenció la revocación de 90 ciudadanías, mientras que 2015 acogió la revocación de 208 ciudadanías, 21 ciudadanías en 2014 y 31 ciudadanías en 2012. Esto resume a 506 bahreiníes que tienen su ciudadanía revocada, como parte de las repercusiones de los eventos de 2011.
El poder judicial de Bahréin fue la herramienta de las autoridades para castigar a la oposición bahreiní, probándolas bajo la "ley de terrorismo" y revocando sus ciudadanías. Las revocaciones de ciudadanía se convirtieron en un pedazo de pastel, que viene del lado de la mayoría de los veredictos emitidos contra convictos políticos.
Para concluir las acusaciones incluidas en los casos políticamente motivados contra los acusados políticos, enumeraríamos: unirse a un grupo terrorista, conspirar con Irán, capacitarse en el uso de armas y bombas en Irán e Irak, poseer armas, municiones, financiar operaciones terroristas , además de intentar asesinar a la policía o matarlos deliberadamente. Esto dio lugar a veredictos muy duros como revocaciones de ciudadanía, penas de muerte y sentencias a cadena perpetua.
Algunos de los casos que vieron la revocación de la ciudadanía de muchos acusados políticos fueron un caso relacionado con crear y unirse a las llamadas Brigadas "Al-Mukhtar", y a las llamadas Brigadas "Al-Ashtar", y el caso de la coalición del 14 de febrero.
Solo en abril, el tribunal dictaminó la revocación de la ciudadanía de 36 acusados, con diversas sentencias que incluyen sentencias de cadena perpetua. Los veredictos se emitieron luego de acusaciones de establecer y unirse a "un grupo terrorista, recibir apoyo, financiarlos, importar y poseer armas". Las ciudadanías de otros 2 bahreiníes fueron revocadas en otro caso.
En junio, un tribunal de Bahrein revocó la ciudadanía de dos acusados vinculados con la explosión "Ekker", que se cobró la vida del ciudadano bahreiní Fakhriya Muslim. El tribunal condenó a muerte a uno de los acusados antes mencionados.
En el mismo mes, la esposa del clérigo opositor Abdullah Al-Daqqaq fue informada que su ciudadanía fue revocada, y luego fue deportada del país. La ciudadanía de Sheij Al-Daqqaq fue revocada el mismo año también en virtud de un veredicto judicial.
En septiembre, la 6ª Corte de Apelaciones del Alto Tribunal confirmó la sentencia para revocar las ciudadanías de 3 bahreiníes, acusándolos de unirse al "Movimiento (Al-Wafaa)" y reclutando miembros para unirse a él.
En el mismo mes, un tribunal de Bahrein dictaminó la revocación de 14 ciudadanías, cuyos poseedores fueron acusados por las autoridades de formar una célula llamada "Grupo Al-Basta", para conspirar junto con Irán, el Cuerpo Revolucionario Iraní y Hezbollah.
En noviembre, el Tribunal Superior de Apelaciones confirmó el veredicto de revocación de ciudadanía emitido contra 36 acusados, a quienes las autoridades acusaron de formar un "grupo terrorista" por organizar protestas no autorizadas y colocar bombas falsas.
El régimen de Bahréin buscaba que el 2017 brillara con eventos excepcionales y, por lo tanto, deseaba intensificar sus veredictos judiciales más duros.
El Tribunal Militar Supremo emitió el 15 de diciembre una sentencia que condenó a muerte a 6 bahreiníes. El Ministerio del Interior dijo en su declaración que los acusados formaron una célula terrorista e intentaron asesinar al Comandante en Jefe de las Fuerzas de Defensa de Bahrein. La ciudadanía de los acusados fue declarada revocada, junto con las de otras 7 personas.
Dos días después de este incidente, el 27 de diciembre, el Cuarto Alto Tribunal Criminal revocó la ciudadanía de 11 bahreiníes, en un caso relacionado con un almacenamiento de explosivos, que el Ministerio del Interior dijo revelar en Nuwaidrat.
Un grupo pro-derechos humanos de Bahrein denunció el lunes que el régimen de los Al Jalifa ha recurrido a medidas represivas extremas, incluyendo la tortura contra los disidentes políticos, y maltratos a la población en general.
El Foro de Bahrein por los Derechos Humanos reveló en su informe publicado en el fin de semana documentos acerca de las graves violaciones cometidas contra la población.
Las fuerzas del régimen de Bahrein llevaron a cabo numerosos arrestos arbitrarios como también varios casos de tortura fueron documentados.
Además, las autoridades de Bahrein han condenado a cinco activistas a penas que en su totalidad suman 105 años por participar en protestas contra el régimen.
Al mismo tiempo, Amnistía Internacional ha criticado al régimen de Manamá de mantener detenido al activista Fadhel Abbas. La organización ha pedido la inmediata e incondicional liberación de Abbas y que su sentencia sea revocada, ya que él ha sido condenado por ejercer su derecho a la libertad de expresión.
AI también exige a Bahrein que cumpla con sus obligaciones en base a los tratados internacionales y derogue las normas que criminalizan el ejercicio pacífico de la libertad de reunión, la de manifestación y la de expresión.
La familia real intenta cambiar también el mapa confesional (la mayoría de la población es musulmana shiíta) concediendo la nacionalidad a extranjeros (sunníes) y privando a los opositores que son shiíes de la suya.
Desde el 14 de Febrero de 2011, miles de manifestantes anti-regimen han celebrado numerosas protestas casi cada día en Bahrein con el fin de pedir una democratización. Algunos manifestantes aceptan una monarquía constitucional mientras que otros piden el derrocamiento de la monarquía de los Al Jalifa, que ha gobernado Bahrein desde hace más de 200 años.
En Marzo de aquel año, tropas saudíes fueron desplegadas en el país para ayudar al gobierno de Bahrein en su represión contra los manifestantes pacíficos. Casi un centenar de personas murieron y cientos más resultaron heridas por la represión del régimen y sus aliados saudíes, que llevó incluso a la destrucción de la Plaza de la Perla de Manamá, convertida en el símbolo de las protestas.
Jalil Sahurie
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