Agencia de Noticias de Ahlul Bait (ABNA) - El portavoz de la judicatura iraní, Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, dijo a los periodistas el domingo que las sentencias de muerte fueron dictadas por tribunales especiales establecidos en Teherán, que hasta ahora han dictado varias sentencias contra 35 delincuentes económicos.
Agregó que de los 35 convictos, tres fueron condenados a muerte por "propagar la corrupción en la tierra", y señaló que las sentencias tendrían que ser confirmadas por la Corte Suprema de Irán antes de ser ejecutadas.
Mohseni-Ejei dijo que otros 32 acusados recibieron varios penas de cárcel hasta 20 años por corrupción económica.
A principios de este mes, el líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyyed Ali Jamenei, dijo que los enemigos de Irán han desencadenado una guerra económica y mediática contra Irán con el objetivo de crear "desesperación" y "pesimismo" entre las personas.
"Hoy en día, el establishment islámico se enfrenta a una guerra económica total, que está siendo conducida desde una sala de guerra con total precisión y trabajo duro", dijo el líder.
Los convictos sentenciados en la última ronda de juicios por corrupción económica fueron acusados de acaparar productos públicos para causar pánico en la sociedad, causando disturbios en el mercado de divisas del país con la consiguiente devaluación de la moneda nacional de Irán y ayudando al enemigo en su guerra económica total contra la república islámica.
A principios de agosto, el jefe de la judicatura iraní, el ayatolá Sadeq Amoli Lariyani, escribió una carta al ayatolá Jamenei, pidiendo permiso para establecer los tribunales frente a las condiciones económicas especiales actuales que describió como "una guerra económica".
El ayatolá Amoli Lariyani propuso en su carta que se establezcan nuevos tribunales por dos años y se ordene que se impongan las penas máximas a aquellos que "perturban y corrompen la economía".
"Dadas las condiciones económicas especiales actuales que se consideran un tipo de guerra económica y, desafortunadamente, algunos de los que perturban y corrompen la economía también se encargan de los objetivos del enemigo y cometen delitos que requieren una acción rápida y urgente el jefe de la judicatura para actuar dentro del marco del código penal ... sobre aquellos que perturban el sistema económico ", escribió.
La carta solicita que los juicios se celebren en audiencia pública, pero que se prohíbe cualquier suspensión o mitigación en las sentencias de los condenados.
También exigió que todas las sentencias de los tribunales, excepto la pena de muerte, fueran definitivas, con sentencias de muerte sujetas a apelación ante el Tribunal Supremo en un plazo máximo de 10 días.
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