Según la Agencia Noticiosa Ahlul Bait (ABNA) – En un informe de 92 páginas, publicado el martes, la ONG con sede en Nueva York dijo que las regulaciones de la era del Mandato Británico que aún siguen vigentes y las órdenes militares que Tel Aviv ha emitido desde la ocupación de la Ribera occidental en 1967 permiten que el ejército israelí se despoje el pueblo palestino de sus derechos civiles básicos.
El informe, denominado "Nacidos sin derechos civiles: el uso de Israel de órdenes militares draconianas para reprimir a los palestinos en la Ribera occidental", también criticó a Israel por confiar injustificadamente en esas órdenes de encarcelar a los palestinos por sus discursos contra la ocupación, activismo o afiliaciones políticas, prohibiendo organizaciones políticas y otras organizaciones no gubernamentales y cerrar los medios de comunicación.
"Los esfuerzos de Israel para justificar la privación de los palestinos de las protecciones básicas de los derechos civiles durante más de medio siglo en base a las exigencias de su ocupación militar para siempre ya no vuelan", dijo Sarah Leah Whitson, directora ejecutiva de la división de Medio Oriente y África del Norte. en HRW.
"Dado el control a largo plazo de Israel sobre los palestinos, como mínimo debería permitirles ejercer los mismos derechos que otorga a sus propios ciudadanos, independientemente del acuerdo político vigente", agregó.
Según el informe, las amplias órdenes militares israelíes se aplican solo a los 2.5 millones de residentes palestinos de la ocupada Ribera occidental, excluyendo Jerusalén Al-Quds Este, pero no a los más de 400.000 colonos israelíes.
"Nada puede justificar la realidad actual en la que, en algunos lugares, las personas de un lado de la calle disfrutan de los derechos civiles, mientras que los del otro lado no", señaló Whitson.
Las órdenes militares israelíes, según el informe, permiten imponer penas de prisión de hasta 10 años a civiles condenados por tribunales militares por influir en la opinión pública de una manera que podría "dañar la paz pública o el orden público".
También se puede imponer una sentencia de 10 años a los palestinos que participan en una reunión de más de 10 personas sin un permiso militar sobre cualquier tema "que pueda interpretarse como político" o si muestran "banderas o símbolos políticos" sin la aprobación del ejército", agregó.
Mientras tanto, HRW estimó que entre el 1 de julio de 2014 y el 30 de junio de 2019, el ejército de ocupación israelí procesó a 4.590 palestinos por ingresar a lo que llama una "zona militar cerrada", 1.704 por "membresía y actividad en una asociación ilegal", y 358 por "incitación al odio".
Las autoridades israelíes dependen aún más de las órdenes militares para prohibir 411 organizaciones, incluidos todos los principales movimientos políticos palestinos, y para detener a las personas afiliadas a ellos, agregó.
"La suspensión de los derechos por un período corto puede interrumpir temporalmente la vida pública, pero la suspensión indefinida a largo plazo paraliza la vida social, política e intelectual de una comunidad", dice el informe. "En casos de ocupación indefinida, como la de Israel, los derechos otorgados a una población ocupada deben ser al menos iguales a los derechos otorgados a los ciudadanos del ocupante".
Whitson dijo que las órdenes militares israelíes le dan al ejército de ocupación "carta blanca para enjuiciar a cualquiera que se organice políticamente, se exprese o incluso informe las noticias de maneras que desagraden al ejército".
"La ley militar israelí vigente durante 52 años prohíbe a los palestinos en la ocupada Ribera occidental libertades tan básicas como agitar banderas, protestar pacíficamente por la ocupación, unirse a todos los movimientos políticos más importantes y publicar material político", señaló Whitson.
El informe se basó en 29 entrevistas, principalmente con ex detenidos y abogados, revisiones de acusaciones de tribunales militares y examen de ocho casos ilustrativos de activistas, periodistas y otros palestinos detenidos bajo órdenes militares israelíes en los últimos cinco años.
Fue el primer informe emitido por HRW desde que Israel expulsó al director regional de la organización, Omar Shakir, el mes pasado.
Israel acusó a Shakir de apoyar el movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), que exige presión financiera sobre el régimen de Tel Aviv para que ponga fin a sus abusos contra los palestinos, una acusación que el activista y HRW han negado reiteradas veces.
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