La decisión, anunciada por la oficina del primer ministro Pushkar Singh Dhami, se basa en los resultados de las investigaciones realizadas por los equipos gubernamentales.
Según las autoridades, alrededor de otros 500 establecimientos religiosos también están siendo investigados y corren el riesgo de ser cerrados pronto. Sin embargo, muchas de estas instituciones han estado operando legalmente durante décadas y desempeñan un papel vital en la educación de las comunidades musulmanas locales. Su posible cierre ha suscitado profundas preocupaciones entre la población.
Grupos de derechos civiles y líderes religiosos musulmanes han expresado su preocupación y han pedido mayor transparencia y un trato justo. Advierten que una política de este tipo, implementada sin procedimientos legales claros, podría intensificar la desconfianza y marginar aún más a las comunidades vulnerables.
La Organización de Servicios Musulmanes de Uttarakhand condenó la medida por inconstitucional. La líder del Partido Bahujan Samaj, Maya Wati, también criticó al gobierno por sus acciones y pidió respeto por los sentimientos religiosos de todas las comunidades.
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