El tribunal con sede en Riad encontró a Muhammad Abdullah al-Faray culpable de cargos falsos de “pertenencia a una célula terrorista, intentos de asesinar al juez Muhammad al-Yirani, disparos contra las fuerzas de seguridad y sus automóviles, gritos de consignas contra el gobierno, colocación de neumáticos. en llamas, y brindando apoyo médico a los criminales condenados”.
Esto se produce cuando la Fiscalía saudí presentó otros cargos de "intentos de instigar a la opinión pública, participación en sentadas y funerales, incitación a manifestaciones y contacto con grupos de oposición en las redes sociales".
Las fuerzas del régimen saudí vestidas de civil allanaron el lugar de trabajo de Faray en la ciudad de Dammam el 28 de febrero de 2017, lo arrestaron sin orden judicial y lo llevaron a prisión.
No se le permitió contactar a su familia hasta una semana después de su arresto. Más tarde, las autoridades saudíes lo pusieron en confinamiento solitario y no tuvo contacto con su familia durante 4 meses.
El disidente shiíta solía ser severamente torturado y golpeado con las manos atadas a la puerta de su celda. Los guardias de la prisión también lo colgaban del techo con una cuerda y lo golpeaban sin piedad hasta dejarlo inconsciente.
Las autoridades saudí amenazaron con arrestar a sus hermanas si no hacía una confesión. Una de sus hermanas también fue citada para ser interrogada por el cargo de ocultar la computadora portátil personal de Muhammed.
La brutal tortura sistemática que le infligieron resultó en una laceración en su rodilla. No se le permitió recibir tratamiento por la lesión. Según los informes, los interrogadores obligaron a Faray a firmar documentos de confesión sin dejar que los leyera.
Tras cuatro años de detención y reiteradas solicitudes, las autoridades saudíes le designaron un abogado defensor. El abogado, sin embargo, no cooperó y no informó a la familia de las fechas de sus audiencias.
La primera sesión del juicio se llevó a cabo el 6 de septiembre de 2019, junto con otros cinco acusados en un juicio masivo.
La Provincia Oriental de Arabia Saudí ha sido escenario de manifestaciones pacíficas desde febrero de 2011. Los manifestantes han estado exigiendo reformas, libertad de expresión, la liberación de los presos políticos y el fin de la discriminación económica y religiosa contra la región.
Las protestas han sido reprimidas con mano dura, y las fuerzas del régimen han aumentado las medidas de seguridad en toda la provincia.
Desde que Muhammed bin Salman se convirtió en príncipe heredero y líder de facto de Arabia Saudí en 2017, el reino ha arrestado a docenas de activistas, blogueros, intelectuales y otros percibidos como opositores políticos, mostrando una tolerancia casi nula con la disidencia, incluso frente a las condenas internacionales de la represión
Como resultado, se ha ejecutado a académicos islámicos, se ha encarcelado y torturado a activistas por los derechos de las mujeres, y se sigue negando la libertad de expresión, asociación y creencias.
En los últimos años, Riad también ha redefinido sus leyes antiterroristas para atacar el activismo.
En enero de 2016, las autoridades saudíes ejecutaron al clérigo shiíta Sheij Nimr Baqir an-Nimr, que criticaba abiertamente al régimen de Riad. Nimr había sido arrestado en Qatif en 2012.
Traducido por ABNA24