Este 11 de julio la Cámara Alta del parlamento irlandés, Seanad, votará un proyecto de ley que pretende prohibir la compra de bienes y servicios en asentamientos israelíes ilegales. El proyecto en cuestión se llama "Ley de Control de la Actividad Económica (Territorios Ocupados) 2018" fue presentado por la Senadora independiente irlandesa, Frances Black, y firmado por los Senadores Alice-Mary Higgins, Lynn Ruane, Colette Kelleher, John G Dolan, Grace O'Sullivan y David Norrison, el 24 de enero de este año.
Sin embargo, seis días después, tras una protesta del lobby sionista israelí, en el Seanad los parlamentarios votaron por retrasar el debate indefinidamente. El 30 de enero, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, convocó a la embajadora irlandesa en Israel, Alison Kelly, quien explicó que el gobierno irlandés no apoyaba el proyecto de ley. Netanyahu había afirmado que el proyecto de ley buscaba "dañar al Estado de Israel" y era un intento de apoyar el movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS).
Seis meses después, el 27 de junio, Black anunció en Twitter que la ley propuesta estaba de vuelta en el cronograma de un debate en el Seanad. Y solo una semana después, Fianna Fail (Guerreros de Fal), el segundo partido más grande en el parlamento irlandés, declaró que iba a respaldar la ley, elevando las esperanzas entre los partidarios de Palestina en Irlanda.
Si el Seanad lo aprueba, luego pasará a la cámara baja del parlamento para un debate y votación. Si se aprueba, la ley deberá pasar por varias etapas más de revisión y enmienda antes de que se firme para convertirse en ley.
Aunque sus oponentes lo han calificado como "radical" y han afirmado que daña el libre comercio, el proyecto de ley en realidad impone el cumplimiento tanto de la legislación internacional como de la irlandesa.
Los asentamientos israelíes tanto en la Cisjordania ocupada como en los Altos del Golán son ilegales y constituyen un Crimen de Guerra según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) y el Derecho Internacional Humanitario (DIH), que prohíbe a los Estados ocupantes trasladar su propia población civil al territorio ocupado.
Aprobar el proyecto de ley simplemente significaría que Irlanda se está moviendo para modificar su legislación nacional para cumplir con las obligaciones internacionales en virtud del DIH.
Actualmente, el país está importando una variedad de productos de asentamientos israelíes ilegales, que incluyen frutas y verduras, vino, plásticos, productos de belleza de marca grande como "Ahava" y otros.
Todos estos ya están claramente etiquetados como productos de asentamientos israelíes ilegales bajo las nuevas regulaciones de etiquetado de la Unión Europea (UE) emitidas en 2015, es decir, no pueden etiquetarse como "Hecho en Israel". Esto permite a los consumidores irlandeses y de la UE en general, tomar una decisión informada al comprar.
La UE impuso estas reglas de etiquetado basadas en la noción de "diferenciación" entre Israel y la tierra palestina que ocupó en 1967. Pero el proyecto de ley de Black lleva esto un paso más allá. Sugiere que el etiquetado simple no es suficiente y propone hacer cumplir la ley internacional prohibiendo los bienes producidos dentro de los asentamientos ilegales.
Esta no es una medida "extrema" o "radical", como algunos han afirmado. Simplemente identifica los productos hechos por los colonos por lo que son: ilegales. Estos productos se fabrican en tierras robadas con recursos robados, bajo la protección de un régimen criminal. Su presentación y venta como productos legales ayuda a normalizar los crímenes de Israel: la anexión continua y la colonización de tierras palestinas.
Este proyecto de ley llega en un momento en que la comunidad internacional sigue siendo cómplice de los crímenes de guerra y las violaciones de los derechos de los palestinos. Incluso la UE continúa manteniendo fuertes lazos económicos, culturales y políticos con Israel que en ocasiones violan su propio compromiso con el DIH.
La construcción de asentamientos israelíes en los territorios ocupados en 1967 ha sido continua e implacable en los últimos 50 años. En Israel no son solo los partidos de derecha de Israel los que apoyan esta política de anexión de tierra.
Ningún gobierno israelí ha mostrado interés en detener la expansión de los asentamientos y, de hecho, cada uno lo ha financiado abiertamente. También es política del gobierno ofrecer incentivos a los colonos israelíes, como viviendas más baratas, hipotecas asequibles y recortes de impuestos.
Hoy, esta política expansionista ha resultado en aproximadamente 750.000 colonos que viven en Cisjordania, muchos de ellos que trabajan en industrias que producen bienes para exportar a la UE.
De hecho, está en la naturaleza del proyecto sionista israelí expandir y colonizar toda la Palestina histórica. Esto ha sido claro para los palestinos durante mucho tiempo, y sin embargo, la comunidad internacional no ha comprendido esto o no ha tenido interés en detenerlo.
El proyecto de Ley de Control de la Actividad Económica (Territorios Ocupados) refleja el apoyo histórico a los derechos de los palestinos en Irlanda y es una oportunidad para allanar el camino para que terceros estados cumplan con sus obligaciones y responsabilidades en virtud del derecho internacional. Este podría ser el comienzo de cambios legislativos serios en Irlanda y en otros lugares que defienden los derechos de la población palestina y ayudan a garantizar la justicia y la libertad en sus tierras.
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