Según la Agencia Internacional Ahlul-Bayt (ABNA), el martes 30 de junio de 2025, Yusuf Tuggar, ministro de Relaciones Exteriores de Nigeria, desde la cumbre de los BRICS en Brasil, denunció que la administración de Donald Trump ha ejercido presión mediante amenazas de “restricciones de visados” y “aumentos arancelarios del 10 %” para que países africanos reciban a “más de 300 venezolanos deportados o presos”.
Tuggar calificó esta demanda como una “traición a la soberanía nacional” y “una violación flagrante de los derechos humanos fundamentales”. Afirmó:
“Con una población de 230 millones y problemas económicos y de seguridad de gran magnitud, para Nigeria aceptar esta demanda es imposible.”
Nigeria se convierte así en el primer país en rechazar abiertamente este plan migratorio impuesto desde Washington. Posteriormente, Liberia anunció a través de su ministra de Exteriores, Sara Beysolow Nyanti, que no existe ningún acuerdo ni negociación para recibir deportados o presos provenientes de Estados Unidos.
De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, otros cinco países africanos —Benín, Esuatini, Libia, Ruanda y Sudán del Sur— también han sido contactados para aceptar migrantes deportados, sin que hasta el momento ninguno haya aceptado formalmente.
Estas medidas forman parte del denominado “Reajuste Global de Reciprocidad” implementado por el Departamento de Estado de EE. UU., que desde inicios de julio limita severamente la emisión de visados no diplomáticos para ciudadanos de Nigeria, Camerún y Etiopía, restringiéndolos a entradas únicas y vigencia de tres meses.
Aunque la Embajada estadounidense en Abuya niega que estas restricciones sean represalias por la negativa nigeriana, calificándolas como “criterios técnicos y de seguridad”, el contexto político refleja una política migratoria restrictiva y punitiva.
Donald Trump, conocido por su mano dura en políticas migratorias, enfatizó en su reciente encuentro con líderes de África Occidental en la Casa Blanca:
“Buscamos avanzar en acuerdos de terceros países seguros para gestionar la devolución de migrantes.”
Expertos en derechos humanos denuncian este enfoque como “una instrumentalización de personas vulnerables” y una “carga injusta para países sin infraestructura adecuada para la acogida migratoria”. Tuggar alertó:
“Si EE. UU. dedicara su poder a resolver las causas profundas de las crisis regionales, no tendríamos millones de desplazados hoy. Estas presiones dañan la paz y la estabilidad y ridiculizan la reputación de Washington.”
La firme oposición de Nigeria, respaldada por Liberia, muestra el rechazo a las “maniobras diplomáticas coercitivas” de Washington y abre la esperanza de que otras naciones se sumen a la defensa de los derechos humanos y la soberanía nacional frente a políticas migratorias abusivas.
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