Según informó la Agencia de Noticias Internacional Ahlul-Bayt (ABNA), Han pasado 146 años desde que Bolivia perdió su acceso al océano Pacífico en la Guerra del Pacífico (1879-1883), pero el reclamo de una salida soberana al mar sigue siendo un pilar fundamental de la identidad nacional boliviana y un punto de fricción constante con Chile. Este conflicto histórico, que llevó a Bolivia a ceder 400 kilómetros de costa y 120.000 kilómetros cuadrados de territorio rico en recursos como el salitre y el cobre, continúa marcando la agenda diplomática del país andino, que no ceja en su empeño por encontrar una solución dialogada.
La Guerra del Pacífico, también conocida como la Guerra del Salitre, enfrentó a Bolivia y Perú contra Chile, resultando en la ocupación chilena del puerto boliviano de Antofagasta y el departamento del Litoral. En 1904, ambos países firmaron el Tratado de Paz y Amistad, que formalizó la cesión de estos territorios a Chile a cambio de la construcción de un ferrocarril entre Arica y La Paz y el libre tránsito de mercancías bolivianas por puertos chilenos. Sin embargo, Bolivia sostiene que este acuerdo no ha sido plenamente respetado y que su enclaustramiento geográfico limita gravemente su desarrollo económico y comercial.
En 2013, bajo el liderazgo del entonces presidente Evo Morales, Bolivia llevó el caso a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, solicitando que se reconociera una obligación de Chile para negociar un acceso soberano al Pacífico. La demanda se basó en compromisos históricos de Chile, incluyendo declaraciones y negociaciones en los años 1920, 1926, 1950, 1961 y 1975, como el Acuerdo de Charaña, en el que Chile propuso un corredor marítimo a cambio de territorio boliviano, una propuesta que no prosperó por la falta de acuerdo con Perú. En 2018, la CIJ falló por 12 votos contra 3 que Chile no tiene una obligación jurídica de negociar, un revés significativo para Bolivia, aunque el tribunal instó a ambas partes a continuar el diálogo para abordar el enclaustramiento boliviano.
A pesar de este fallo, Bolivia no ha abandonado su causa. En 2025, el país logró un hito diplomático al impulsar la declaración del 6 de agosto como el Día Internacional de los Países sin Litoral por parte de la Asamblea General de la ONU. Esta iniciativa, liderada por Bolivia como presidenta del Grupo de Países en Desarrollo sin Litoral, busca destacar los desafíos de 32 naciones que, con una población de 606 millones, apenas representan el 1,1% del comercio mundial debido a obstáculos logísticos y geopolíticos. Para Bolivia, este reconocimiento refuerza su narrativa de que la falta de acceso al mar es una injusticia histórica que requiere atención global.
El reclamo marítimo boliviano no solo es una cuestión de soberanía, sino también un motor de cohesión nacional. Cada 23 de marzo, Bolivia conmemora el Día del Mar, una fecha en la que se recuerda la pérdida de su litoral y se renueva el compromiso de recuperarlo. La Armada Boliviana, creada en 1963 a pesar de la ausencia de costas, simboliza esta aspiración. Evo Morales, durante su presidencia (2006-2019), convirtió el tema en una prioridad, promoviendo gestos como el “Banderazo por el Mar” en 2018, cuando se desplegó una bandera de 196,5 kilómetros a lo largo de la carretera La Paz-Oruro para visibilizar la causa.
Por su parte, Chile mantiene una postura firme, argumentando que el Tratado de 1904 resolvió definitivamente las cuestiones territoriales y que no existe ninguna obligación de ceder soberanía. Sin embargo, el país ha expresado disposición a dialogar sobre mejoras en el acceso comercial de Bolivia a sus puertos, aunque sin comprometer su territorio. Las relaciones diplomáticas entre ambos países, rotas a nivel de embajadas desde 1978, siguen limitadas a un nivel consular, lo que complica aún más las negociaciones bilaterales.
En el ámbito regional, el tema también involucra a Perú, que debe ser consultado en caso de cualquier cesión de territorios que le pertenecieron antes de la Guerra del Pacífico, según el Tratado de Lima de 1929. Algunos países, como Venezuela y Cuba, han respaldado a Bolivia, mientras que otros, como Brasil y Argentina, mantienen una postura neutral para preservar relaciones equilibradas con ambas partes.
Mientras Bolivia continúa abogando por una solución pacífica y dialogada, el conflicto marítimo sigue siendo un recordatorio de las heridas históricas en América Latina. La diplomacia boliviana, respaldada por una sociedad que ve en el mar un derecho inalienable, apuesta por foros multilaterales y la cooperación internacional para mantener viva su causa. A medida que ambos países enfrentan elecciones clave en 2025, el futuro de esta disputa dependerá de la voluntad política de sus líderes para encontrar un punto de encuentro que beneficie a ambas naciones.
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