Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La administración de Donald Trump ha desatado una nueva controversia al ordenar el despliegue de 200 efectivos de la Guardia Nacional en Portland, Oregón, una medida que el estado y la ciudad han llevado a los tribunales federales para frenar. La demanda, encabezada por el fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, denuncia que esta acción es "ilegal" y "provocadora", argumentando que amenaza con desestabilizar la tranquilidad social en lugar de protegerla.
Trump justificó el envío de tropas afirmando que busca proteger las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), supuestamente "asediadas" por manifestantes. Sin embargo, las autoridades locales desmienten esta narrativa, señalando que las protestas frente a dichas instalaciones han sido pequeñas, con menos de 30 personas, y en su mayoría pacíficas, sin arrestos significativos desde mediados de junio. Tina Kotek, gobernadora de Oregón, calificó la decisión como "innecesaria e ilegal" tras conversar con Trump y afirmó: "Portland está seguro, y nosotros tenemos la capacidad de garantizar nuestra propia seguridad. Esta intervención solo busca dividirnos."
El alcalde de Portland, Keith Wilson, fue más allá y acusó a Trump de intentar "sofocar la voz de la comunidad" con fines políticos, advirtiendo que "no hay violencia en nuestra ciudad, salvo que el gobierno federal la provoque". La demanda sostiene que el despliegue viola una antigua ley estadounidense que prohíbe el uso de fuerzas militares para tareas policiales internas, salvo en emergencias excepcionales como invasiones extranjeras o rebeliones. También argumenta que la acción infringe los poderes estatales para gestionar la seguridad pública. Un juez federal decidirá pronto sobre una orden de restricción temporal para suspender el despliegue.
Esta no es la primera vez que Trump recurre a tácticas militarizadas en ciudades lideradas por demócratas. Un caso similar en Los Ángeles fue declarado ilegal por un juez, aunque el gobierno apeló. Críticos como el senador Bernie Sanders han condenado esta política, afirmando: "El ejército debe proteger al país de amenazas externas, no reprimir a los ciudadanos de Portland". Organizaciones de derechos humanos también han alertado que estas medidas buscan intimidar y silenciar a las comunidades disidentes.
Las estadísticas desmienten la retórica de Trump: los delitos violentos en Portland han disminuido, y la ciudad está experimentando una recuperación económica tras la pandemia. La Casa Blanca insiste en que el despliegue es necesario para proteger al personal federal, pero las autoridades locales y defensores de derechos humanos lo ven como una estrategia electoralista en un año preelectoral. La demanda de Oregón podría convertirse en un precedente clave para frenar las políticas autoritarias de Trump, mientras la comunidad de Portland defiende con firmeza sus derechos y su autonomía.
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