El Instituto para los Derechos y la Democracia de Bahréin (BIRD, por sus siglas en inglés) dijo en un informe de 61 páginas, titulado “El tribunal está satisfecho con la confesión: las sentencias de muerte en Bahréin siguen a la tortura y los juicios falsos”, que los tribunales de Bahréin violaron rutinariamente los derechos de los acusados a un juicio justo, incluido el derecho a asistencia letrada durante el interrogatorio, el derecho a contrainterrogar a los testigos de cargo y el uso de informes de fuentes secretas.
El informe continuó señalando que gran parte de la tortura y los malos tratos ocurrieron en dos lugares: la Dirección de Investigación Criminal del Ministerio del Interior, que se encuentra en un complejo en el distrito de Adliya de la capital Manama, y la Real Academia de Vigilancia, ubicada junto a la notoria prisión Jau de Bahréin.
El BIRD pidió al rey de Bahréin, Hamad bin Isa Al Jalifa, que conmute las penas de muerte de todas las personas, empezando por las condenadas sobre la base de confesiones extraídas mediante tortura o malos tratos.
La organización de derechos humanos también instó a las autoridades de Bahréin a anular las sentencias de todas las personas cuyas condenas implicaron el uso de confesiones obtenidas bajo coacción y/o violaciones de juicios justos.
Además, pidió presionar al régimen de Manama a través de canales públicos y diplomáticos de la Unión Europea y el Reino Unido, y al mismo tiempo instó a Londres a suspender la financiación, la asistencia técnica y la capacitación para los servicios de seguridad y el poder judicial de Bahréin.
Mientras tanto, decenas de personas han organizado manifestaciones en todo Bahréin para pedir el boicot a las próximas elecciones parlamentarias en el país, en medio de una escalada de represión política y la ausencia de reformas significativas.