La última vez fue en 2017 cuando el Ejército lanzó una campaña militar contra ellos que dejó miles de muertos, violaciones, la devastación de aldeas enteras y el éxodo de más de 720.000 rohinyás a la vecina Bangladesh, lo que está siendo investigado por supuesto genocidio en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.
Se estima que quedan medio millón de rohinyás en Birmania, en el estado occidental Rakáin (Arakán), donde viven en campos de desplazados o en aldeas y se les niega la ciudadanía y otros derechos como el de movimiento.
Poco después de perpetrar el golpe del pasado 1 de febrero, el jefe de la junta militar, el general Min Aung Hlaing, prometió facilitar la repatriación de los refugiados rohinyás que huyeron por la campaña que él mismo diseñó, según informó Infobae citando a la agencia Efe.
Paradójicamente, esta campaña fue defendida ante la ICJ por la líder depuesta y nobel de la paz, Aung San Suu Kyi, puesta bajo arresto domiciliario el mismo día del levantamiento militar.
El líder del golpe militar rechaza la palabra "rohinyá" y los llama "bengalíes" porque entiende que son casi todos extranjeros, a pesar de que llevan viviendo en Birmania desde hace décadas o incluso antes.
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