12 julio 2025 - 15:00
Colombia y Sudáfrica lideran la ofensiva jurídica global para poner fin a los crímenes del régimen sionista

Mientras Gaza agoniza bajo las bombas del régimen israelí, Colombia y Sudáfrica han convocado una cumbre ministerial extraordinaria del Grupo de La Haya en Bogotá; un encuentro destinado a coordinar acciones jurídicas y diplomáticas contra el genocidio en Palestina y a romper la impunidad de los criminales de guerra en los territorios ocupados.

Según informó la Agencia Internacional de Noticias Ahlul-Bayt (ABNA), los días 15 y 16 de julio de 2025, ministros de los países miembros del Grupo de La Haya se reunirán en Bogotá, convocados conjuntamente por Colombia y Sudáfrica, para dar pasos firmes frente al genocidio del régimen israelí contra el pueblo palestino.

Esta cumbre extraordinaria responde a la intensificación de los ataques contra Gaza y Cisjordania, y tiene como objetivo coordinar respuestas concretas ante las continuas violaciones del derecho internacional por parte de Israel. Los países convocantes subrayan que ha llegado la hora de poner fin al silencio, la inacción y la complicidad histórica de la comunidad internacional frente a las atrocidades sionistas.

Participarán en el encuentro representantes de los Estados fundadores del grupo: Colombia, Sudáfrica, Cuba, Bolivia, Namibia, Malasia, Senegal y Honduras. Una de las figuras destacadas será Francesca Albanese, relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, quien ha sido sancionada recientemente por Estados Unidos por denunciar con firmeza el genocidio y la limpieza étnica en Palestina.

De acuerdo con el comunicado oficial del grupo, los principales ejes de esta cumbre serán:

  • La cooperación interestatal para detener el genocidio en curso,

  • El impulso a mecanismos efectivos de justicia internacional y rendición de cuentas,

  • y El fortalecimiento del derecho internacional como base de la paz y la seguridad globales.

Este avance jurídico se inscribe dentro del marco establecido por la Opinión Consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia en julio de 2024, que declaró que la ocupación israelí del territorio palestino constituye una violación flagrante del derecho internacional y del derecho inalienable del pueblo palestino a la autodeterminación.

En un artículo publicado en The Guardian, el presidente Gustavo Petro afirmó: “Si no actuamos ahora contra Israel, no solo traicionaremos al pueblo palestino, sino que seremos cómplices de las atrocidades de Netanyahu”.

Por su parte, Mauricio Jaramillo Jassir, viceministro de Asuntos Multilaterales de Colombia y nieto de palestinos, denunció en su intervención en La Haya el pasado mayo que Israel ha creado deliberadamente una crisis humanitaria en Gaza, bloqueando la ayuda internacional y condenando a la población palestina a una situación de vulnerabilidad extrema.

“La estrategia israelí ha sido impedir que los organismos internacionales y los Estados cumplan con sus obligaciones de asistencia. Palestina está completamente bajo su control, y las agencias humanitarias son la única línea de protección que les queda a los civiles”, señaló Jaramillo ante la CIJ.

Desde que asumió el cargo en febrero de este año, Jaramillo ha radicalizado la estrategia diplomática colombiana en favor del reconocimiento pleno de Palestina, denunciando abiertamente la influencia de Israel sobre gobiernos, medios y organismos internacionales.

Frente a los ataques de lobbies sionistas, como el Centro Simon Wiesenthal —que calificó la cumbre de Bogotá como “un tribunal inquisitorial contra Israel”—, el gobierno colombiano se mantiene firme. Organizaciones judías como la DAIA en Argentina han intentado incluso criminalizar expresiones como “dejen de matar bebés en Gaza”, mientras Bogotá insiste: la defensa de los derechos humanos no puede ser selectiva ni sometida a presiones extranjeras.

La cumbre de Bogotá no es solo un gesto simbólico: marca un punto de inflexión en la lucha por la justicia en Palestina, consolidando el liderazgo de Colombia en el escenario internacional y reafirmando que ningún Estado, por poderoso que sea, está por encima de la ley.

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