Según informó la Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA), recientes investigaciones periodísticas en España revelan que algunas de las principales compañías industriales y financieras del país están participando, directa o indirectamente, en el suministro de fondos y materiales al ejército israelí, responsable de la muerte de miles de civiles —incluidos mujeres y niños— en la Franja de Gaza y Cisjordania.
Encabezan esta lista las firmas vascas CAF y Sidenor. La primera colabora en la construcción de líneas de tranvía en Jerusalén Este ocupado, una infraestructura que conecta asentamientos ilegales israelíes entre sí y refuerza la ocupación territorial. Estas obras, desarrolladas en territorios palestinos ocupados, constituyen una violación flagrante del derecho internacional, incluida la Convención de Ginebra.
Por su parte, Sidenor produce aceros especiales que son utilizados por la industria militar israelí. Este material sirve para la fabricación de municiones, bombas y otros tipos de armamento que han sido empleados en ataques directos contra zonas residenciales palestinas.
Junto a estas empresas industriales, destacan también importantes entidades financieras como Banco Santander y BBVA, que han sido señaladas como financiadoras de empresas armamentísticas israelíes como Elbit Systems y IMI Systems, contribuyendo así al mantenimiento del aparato militar de ocupación.
A pesar de que el gobierno español y algunos líderes europeos se presentan como defensores de los derechos humanos, el respaldo político, económico y diplomático a estas compañías continúa sin restricciones. Muchas de ellas se benefician de fondos públicos, ayudas estatales y apoyo en procesos de internacionalización.
Expertos en derechos humanos advierten que esta implicación conlleva responsabilidades jurídicas. Según el derecho internacional vigente, proveer armas o apoyo logístico a un régimen acusado de crímenes de guerra equivale a complicidad con dichos crímenes.
En distintos países europeos, especialmente en los del oeste del continente, crece el rechazo ciudadano a cualquier forma de cooperación económica con el régimen israelí. Las campañas de boicot, desinversión y sanciones (BDS) exigen el cese inmediato de toda colaboración con las estructuras que permiten continuar la ocupación y el exterminio del pueblo palestino.
Los analistas subrayan que aunque las guerras se libran en el terreno, su sostenimiento depende de redes logísticas y productivas establecidas en suelo europeo. Sin la implicación de empresas y bancos que aparentan neutralidad pero actúan como cómplices, la maquinaria militar israelí no podría operar.
Fuente: https://www.elsaltodiario.com/ocupacion-israeli/caf-sidenor-empresas-hacen-negocios-genocidio
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