Según informó la Agencia de Noticias Ahl al-Bayt (ABNA), el martes 27 de mayo de 2025, decenas de activistas, incluidos miembros de la "Campaña por Palestina" que llevan más de dos semanas acampados en el campus de la Universidad Complutense de Madrid, se reunieron frente a la embajada de Israel en la capital española. Los manifestantes, haciendo sonar cacerolas y generando ruido, expresaron su indignación por lo que califican como un "genocidio" del pueblo palestino perpetrado por el gobierno de Israel. En un comunicado, declararon: "Estamos aquí para proclamar alto y claro que los antisionistas estamos presentes y exigimos la interrupción inmediata del comercio de armas con Israel".
Los manifestantes describieron la embajada de Israel no solo como una representación diplomática, sino como "una sucursal del genocidio, el colonialismo y el apartheid contra el pueblo palestino". Según ellos, estas embajadas son plataformas para coordinar relaciones económicas y políticas que perpetúan los crímenes de Israel. Los activistas señalaron los contratos armamentísticos de España con empresas israelíes como Elbit, Rafael y Guardian Homeland Security, que desde el 7 de octubre de 2023 han firmado 46 acuerdos por un valor superior a mil millones de euros. También denunciaron el traslado de más de 60.000 piezas armamentísticas desde España a Tel Aviv a través del aeropuerto de Zaragoza entre enero de 2024 y febrero de 2025.
La protesta tuvo lugar en un contexto en el que el gobierno español ha propuesto recientemente elaborar una ley para sancionar el comercio de armas con Israel, una medida que los activistas consideran "insuficiente" y "poco urgente". Subrayaron que el gobierno español ya cuenta con las herramientas legales necesarias para imponer sanciones armamentísticas de manera inmediata, sin necesidad de una nueva ley. Uno de los manifestantes afirmó: "Cada martes por la mañana, el Consejo de Ministros podría aprobar sanciones armamentísticas contra Israel, pero la falta de voluntad política lo impide".
Los manifestantes también criticaron las colaboraciones en materia de seguridad entre las fuerzas israelíes y la policía española, alegando que estas incluyen programas de formación que contribuyen a la represión de protestas y desalojos en España. Asimismo, denunciaron la influencia de fondos de inversión israelíes en festivales de música y en el mercado inmobiliario español, que, según ellos, fomentan la censura de artistas que apoyan a Palestina y agravan la crisis de la vivienda.
Los activistas anunciaron que, para mantener la presión sobre el gobierno, el 2 de junio de 2025 se reunirán frente a la sede del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en la calle Ferraz de Madrid, con el objetivo de recordar al gobierno su responsabilidad en la continuación de esta situación. En su comunicado, enfatizaron: "Si el gobierno opta por la hipocresía, los gestos vacíos y la inacción, nos encontrará en la calle Ferraz".
Esta protesta forma parte de una nueva ola de manifestaciones internacionales contra los crímenes de Israel en Gaza, que desde el 7 de octubre de 2023 han causado la muerte de más de 60.000 personas. Más de 500 organizaciones de la campaña "Fin al comercio de armas con Israel" han exigido un embargo armamentístico total contra este régimen y piden al gobierno español que, en lugar de promesas vagas, tome medidas decisivas e inmediatas.
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