Según informó la Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA), en un contexto de creciente preocupación por tendencias autoritarias, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que no es un dictador, pero sugirió que quizás los estadounidenses deseen uno. Estas declaraciones coincidieron con la firma de órdenes ejecutivas que endurecen la represión federal, incluyendo penas de un año de cárcel sin libertad anticipada para quienes quemen la bandera estadounidense, un acto protegido por la Primera Enmienda según un fallo de la Corte Suprema de 1989.
Trump ha desplegado más de 2.200 efectivos de la Guardia Nacional en Washington, ahora armados, para patrullar estaciones de tren, museos, parques y universidades. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, justificó esta militarización como “sentido común” para garantizar la seguridad. Sin embargo, la presencia de soldados con pistolas en la cadera, como los de Carolina del Sur en Union Station, evoca un control militar más que simbólico.
Esta estrategia se extiende a la frontera sur, donde la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) creó un Área de Defensa Nacional en Yuma, Arizona, permitiendo a militares detener temporalmente a migrantes indocumentados, quienes son entregados a la Patrulla Fronteriza para enfrentar cargos penales. Áreas similares en Texas y Nuevo México buscan, según la CBP, frenar el tráfico de drogas y personas, aunque críticos denuncian una escalada de violencia y violaciones a los derechos humanos.
El presidente también ha amenazado con enviar tropas a ciudades “santuario” como Nueva York, Chicago y Baltimore, de mayoría latina y afroamericana, tras incidentes como el tiroteo de agentes federales contra un migrante mexicano en Los Ángeles, quien se negó a bajar la ventanilla de su vehículo. Estas acciones, según expertos, incrementan el riesgo de enfrentamientos mortales y erosionan la separación entre el poder civil y militar.
Encuestas recientes, como la de la Universidad de Massachusetts Amherst, revelan que el 74% de los republicanos apoya la idea de un “dictador por un día” de Trump. Otra del Pew Research Center indica que el 59% de los republicanos cree que el presidente no debería preocuparse por el Congreso ni los tribunales. Analistas como Aaron Blake, de CNN, advierten que este respaldo refleja una inclinación autoritaria en el Partido Republicano, que Trump aprovecha para expandir su poder.
Críticos como J.B. Pritzker, gobernador de Illinois, acusan a Trump de ser un “aspirante a dictador” que sustituye el diálogo por la fuerza, socavando la democracia. La militarización de ciudades recuerda episodios oscuros como la masacre de Kent State en 1970, cuando soldados dispararon contra manifestantes. Lejos de resolver problemas como la migración o la pobreza, estas políticas sumen a la sociedad en el miedo y acercan a Estados Unidos a un estado de excepción permanente, poniendo en jaque los fundamentos del Estado de derecho.
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