Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): En diciembre de 1989, el presidente George H. W. Bush ordenó la "Operación Causa Justa" en Panamá, desplegando 30.000 soldados para derrocar al general Manuel Noriega, excolaborador de la CIA acusado de narcotráfico. El saldo oficial estadounidense fue de 202 civiles panameños muertos, aunque fuentes independientes como Human Rights Watch y organizaciones locales estiman entre 300 y varios miles, con barrios como El Chorrillo devastados por bombardeos e incendios.
La ONU condenó la acción como violación flagrante del derecho internacional, con 75 votos en contra en la Asamblea General. Este episodio formaba parte de un largo historial de intervenciones estadounidenses en América Latina, desde las "Guerras Bananeras" hasta golpes respaldados en Guatemala (1954), Chile (1973) y Nicaragua, motivadas por el control de recursos y la contención de gobiernos no alineados.
En 2025, la administración de Donald Trump aplica tácticas similares en Venezuela: un bloqueo naval total, confiscación de dos petroleros con crudo en aguas internacionales y acusaciones sin pruebas concluyentes contra Nicolás Maduro de liderar un "cartel narcoterrorista". Estas medidas han reducido drásticamente las exportaciones venezolanas y generado interferencias GPS que amenazan la seguridad aérea y marítima en el Caribe.
Este patrón se repite en conflictos más amplios impulsados por Washington, como la guerra de Vietnam (1955-1975), con estimaciones de hasta 2 millones de civiles vietnamitas muertos, o la invasión de Irak en 2003, donde fuentes como Iraq Body Count documentan más de 200.000 civiles iraquíes fallecidos por violencia directa.
La comparación evidencia una constante en la política exterior estadounidense: el uso de pretextos como la lucha antidrogas o la promoción de la democracia para justificar acciones que priorizan el acceso a recursos estratégicos —el Canal de Panamá entonces, las reservas petroleras venezolanas ahora— y el cambio de regímenes soberanos. Tales intervenciones, frecuentemente condenadas por la comunidad internacional, han generado inestabilidad duradera y violaciones de derechos humanos, recordándonos la necesidad de respetar la soberanía de las naciones y rechazar el unilateralismo que amenaza la paz regional.
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