Agencia Internacional Ahlul-Bayt (ABNA): En un nuevo acto de represión, el régimen de Arabia Saudí ejecutó a otro prisionero por motivos ideológicos de la región chií de Al Qatif.
Las autoridades saudíes anunciaron en un comunicado oficial que Sayyid Ali Alawi (a), ciudadano de 27 años originario de la ciudad de Al Shahada en Al Qatif, fue ejecutado bajo cargos de seguridad y terrorismo. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos consideran estas acusaciones como fabricadas y carentes de un proceso judicial justo.
Sayyid Ali Alawi fue detenido el 22 de septiembre de 2020 y sometido a torturas y tratos inhumanos en las prisiones saudíes. Se le privó de los derechos legales más básicos de un prisionero, como el acceso a un abogado, un juicio público e imparcial y el derecho a apelar la sentencia.
El Ministerio del Interior saudí emitió un comunicado en el que atribuyó a Alawi cargos estereotipados, como pertenencia a organizaciones terroristas, acusaciones que suelen dirigirse a activistas ideológicos y opositores al régimen.
Diversas fuentes, incluida la Reunión de Opositores en la Península Arábiga, afirmaron que estas acusaciones tienen un trasfondo político y que las sentencias emitidas por el régimen no provienen de tribunales independientes, sino directamente del rey y el príncipe heredero.
En un comunicado, la Reunión de Opositores declaró: “El régimen saudí, tras cada crimen, se apresura a cometer el siguiente, como si el derramamiento de sangre se hubiera convertido en su pasatiempo favorito. Este sistema ha hecho del sadismo y la violencia su modus operandi, alineándose con el régimen sionista en sus métodos de represión y brutalidad.”
Tras la ejecución, las autoridades saudíes se negaron a entregar el cuerpo de Alawi a su familia, una práctica que se ha convertido en habitual para las víctimas de ejecuciones en Arabia Saudí.
Según informes de fuentes locales, el número de cuerpos retenidos por el régimen saudí supera ya los 200.
La familia de Sayyid Ali Alawi, al igual que muchas otras familias de víctimas, no fue informada con antelación de la ejecución y solo se enteró de la misma a través de los medios de comunicación.
En un comunicado contundente, la Reunión de Opositores calificó la ejecución de política y vengativa, y afirmó: “En un mundo regido por la ley de la selva, mientras los crímenes de Israel en Gaza continúan, el régimen saudí derrama sin reparos la sangre de inocentes, siguiendo el mismo camino de barbarie.”
El comunicado añadió: “En Arabia Saudí, el acusado no tiene oportunidad de defenderse ni un tribunal para un juicio justo. Todas las sentencias provienen directamente de las altas esferas, y los tribunales actúan únicamente como instrumentos para justificar esta violencia.”
También se destacó que el régimen saudí utiliza su membresía en organismos internacionales, como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, para eludir las presiones legales y continuar violando sistemáticamente los derechos humanos.
En otra sección del comunicado, las ejecuciones políticas y la reciente ola de violencia se describieron como parte de un plan más amplio para silenciar las voces disidentes en preparación para la normalización de relaciones con Israel. Se afirmó: “Estas ejecuciones son parte de un esquema más amplio para acallar a los opositores en vísperas de una gran traición a la causa palestina y a los pueblos de la región.”
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