Según informó la Agencia de Noticias Internacional Ahlul-Bayt (ABNA), tras las recientes reuniones de altos funcionarios estadounidenses con Benjamín Netanyahu —primer ministro israelí y buscado por la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad—, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, anunció sanciones contra Francesca Albanese, relatora especial de la ONU sobre derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967.
El anuncio fue acompañado por declaraciones falsas y despectivas de Rubio, lo que pone en evidencia, una vez más, la determinación del gobierno estadounidense de blindar al régimen israelí frente a cualquier rendición de cuentas por sus crímenes.
La medida ha sido rechazada por organizaciones internacionales, juristas y defensores de los derechos humanos, quienes la califican de "atrocidad moral". Francesca Albanese, reconocida a nivel mundial por su compromiso con la defensa de los derechos humanos y su valentía al denunciar las violaciones cometidas por Israel en Gaza durante los últimos veinte meses, ha sido elogiada por sus informes documentados, como el reciente titulado "Anatomía de un genocidio".
Las sanciones impuestas a Albanese suponen una violación directa de la Carta de las Naciones Unidas, la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de la ONU y el Acuerdo de Sede de las Naciones Unidas. Además, obstaculizan deliberadamente la labor de la relatora especial en defensa de los derechos humanos.
Al estar orientadas a proteger a Israel y a otros responsables de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, estas sanciones violan también las obligaciones internacionales de EE. UU. según la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio —bajo la cual Israel enfrenta actualmente un juicio en la Corte Penal Internacional—, así como el artículo 1 de los Convenios de Ginebra de 1949, que exige a los Estados garantizar su cumplimiento.
Por otro lado, al vincular expresamente estas sanciones con las medidas contra la Corte Penal Internacional, el gobierno estadounidense incurre en una violación del artículo 70 (1)(c) del Estatuto de Roma, referente a los delitos contra la administración de justicia. Este hecho abre la posibilidad para que Albanese reclame reparación por los daños sufridos como víctima de una conducta ilegal. Además, las afirmaciones difamatorias de Rubio, marcadas por "malicia real" y "desprecio temerario por la verdad", podrían habilitar a la relatora a demandar indemnización civil en tribunales estadounidenses por los perjuicios financieros y reputacionales ocasionados.
Expertos y organismos de derechos humanos han instado a la Corte Internacional de Justicia a pronunciarse contra estas sanciones, subrayando que la inmunidad diplomática de los relatores especiales de la ONU está garantizada por la Convención de 1946, precisamente para proteger su independencia.
La respuesta internacional no se ha hecho esperar. Numerosos Estados miembros de la ONU, organizaciones internacionales y entidades civiles han condenado las sanciones y exigido su levantamiento inmediato, además del resarcimiento a Albanese y a la propia ONU por los daños ocasionados.
Las declaraciones recogidas hasta ahora reflejan que esta maniobra ilegal de la administración Trump no logrará silenciar a la relatora ni a la ONU, y solo reforzará la resistencia global frente a los crímenes del régimen israelí y la complicidad de Estados Unidos.
El movimiento mundial de solidaridad con Palestina sigue creciendo. Como ha señalado el defensor de derechos humanos Craig Mokhiber, esta acción vergonzosa del gobierno de Trump no hará sino fortalecer la determinación de figuras como Francesca Albanese en su lucha contra los crímenes de guerra, el apartheid y el genocidio cometidos por Israel.
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