Según informó la Agencia Internacional de Noticias AhlulBayt (ABNA), la Asociación Americana de Juristas (AAJ), una entidad con estatus consultivo en la ONU, publicó el 17 de agosto un comunicado en el que condenó con firmeza las políticas de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, por su injerencia en los asuntos de países de América Latina. El documento examina específicamente las acciones de Estados Unidos en Venezuela, Brasil y Argentina, considerándolas una amenaza para la soberanía y la autonomía de estas naciones.
La AAJ señaló que las intervenciones estadounidenses en la región, como sanciones unilaterales, amenazas militares e intentos de influir en los sistemas judiciales, forman parte de una larga tradición de dominación en América Latina. Por ejemplo, en 2025, Trump amenazó con emplear la fuerza militar para controlar el Canal de Panamá y calificó a ciertos grupos delictivos en México y Colombia como «terroristas» para justificar una posible intervención armada. Asimismo, el bloqueo económico contra Cuba se ha recrudecido durante su administración.
En Argentina, Peter Lamelas, embajador designado por Trump, expresó su intención de contrarrestar la influencia de China en el país y, sin presentar pruebas, formuló acusaciones de corrupción. También anunció que supervisaría los procesos judiciales contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La AAJ calificó estas acciones como un intento de menoscabar la autonomía judicial de Argentina.
En Brasil, el gobierno estadounidense impuso un arancel del 50% a los productos brasileños y exigió la suspensión del juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, acusado de intentar un golpe de Estado en 2022. Además, sancionó al juez encargado del caso, bloqueando sus cuentas bancarias en Estados Unidos. La AAJ describió estas medidas como un ataque a la independencia judicial de Brasil y un intento de desestabilización política.
En Venezuela, el Departamento de Estado, liderado por Marco Rubio, acusó a Nicolás Maduro, sin pruebas, de dirigir un grupo delictivo y ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por su captura. Al mismo tiempo, la empresa petrolera estadounidense Chevron recibió autorización para operar en el país. La AAJ denunció esta doble política como un intento de controlar los recursos petroleros venezolanos. También calificó la detención de 236 migrantes venezolanos en El Salvador como un acto inhumano. Vanessa Ramos, presidenta de la AAJ, afirmó: «Trump considera a los países de la región como su patio trasero y estas políticas deben detenerse».
Paralelamente, Estados Unidos lanzó una operación militar en el mar Caribe que incluye tres destructores, 4.000 efectivos, un submarino nuclear y aviones de reconocimiento. Aunque se presenta como una acción contra el narcotráfico, analistas consideran que su objetivo principal es presionar al gobierno de Maduro. En respuesta, Maduro movilizó a 4,5 millones de milicianos, y el Ministerio de Exteriores venezolano calificó la operación como una violación de los acuerdos regionales para preservar la paz. Cuba, por su parte, señaló que forma parte de los planes estadounidenses para dominar la región.
Analistas sostienen que esta operación es más un despliegue político que una acción efectiva contra el narcotráfico, con el propósito de enviar un mensaje a las instituciones regionales y consolidar la presencia estadounidense en América Latina. Las políticas contradictorias de Washington, como la colaboración con Chevron mientras acusa a Maduro, evidencian una doble agenda.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, rechazó cualquier intervención militar y abogó por una cooperación bilateral basada en el respeto a la soberanía. Expertos advierten que estas acciones podrían generar mayor inestabilidad en la región y fortalecer los lazos de Venezuela y Cuba con países como Irán, Rusia y China.
El comunicado completo de la AAJ está disponible en su sitio web oficial.
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