Agencia de Noticias de Ahlul Bait (ABNA) -- En Arabia Saudí: Se reprime en el nombre de la seguridad, la organización dice que cientos de personas han sido detenidas por manifestarse, mientras que el gobierno ha elaborado una ley antiterrorista que efectivamente criminaliza la disidencia como un "crímen terrorista", y además despoja de sus derechos a los acusados de tales delitos.
Amnistía dijo que desde febrero, cuando comenzaron las manifestaciones esporádicas -en desafío a una prohibición permanente hacia las protestas nacionales- el gobierno ha llevado a cabo una campaña que ha incluído la detención de cientos de musulmanes shiítas de la conflictiva provincia oriental (de mayoría shiíta). Desde marzo más de 300 personas que participaron en las protestas pacíficas en al-Qatif, al-Ahsa y Awwamiya han sido detenidos, ya sea en las manifestaciones o poco después de ellas. La mayoría han sido puestos en libertad, a menudo después de comprometerse a no protestar de nuevo. También han tenido que enfrentar muchas prohibiciones para viajar libremente.
En otras partes del país, las protestas han sido sofocadas por las advertencias del Ministerio del Interior en las que las autoridades amenazaban con "tomar todas las medidas necesarias" contra los que trataran de "alterar el orden". Aquellos individuos que se han manifestado han sido detenidos con rapidez.
Entre ellos estaba Jaled al-Yohani de 40 años de edad, el único hombre que se manifestó el 11 de marzo en el 'Día de Furia' en Riyadh, quien dijo a los periodistas que se sentía frustrado por la censura hacia la prensa en Arabia Saudí y predijo su propia detención. Acusado de apoyar la protesta y de comunicarse con los medios de comunicación extranjeros, se cree que ha sido mantenido en confinamiento solitario durante dos meses. Nueve meses después de lo ocurrido sigue detenido y no ha sido juzgado.
Un número de personas que han hablado sobre su apoyo a las protestas o a las reformas han sido también detenidos. El Sheij Yaber Ibrahim Tawfiq al-Amr, un clérigo shiíta, fue arrestado por segunda vez este año en agosto para pedir reformas en una mezquita. Él ha sido acusado de "incitar a la opinión pública".
El 22 de noviembre, 16 hombres, entre ellos prominentes reformistas, fueron condenados por el Tribunal Penal Especializado a penas de entre los cinco a 30 años de prisión, por cargos que incluyen la formación de una organización secreta, tratando de tomar el poder, la incitación contra el Rey, la financiación del terrorismo y el lavado de dinero. Amnistía dijo que su juicio, que comenzó en mayo, fue tremendamente injusto. Los acusados tenían los ojos vendados y las manos esposadas durante el juicio, mientras que a su abogado no se le permitió entrar en la corte durante las primeras tres sesiones.
El Director interino de Amnistía Internacional para Medio Oriente y África del Norte, Philip Luther, dijo:
"Los manifestantes pacíficos y defensores de las reformas políticas en el país han sido objeto de detención, en un intento de acabar con los llamados a las reformas políticas que han hecho eco en la región".
"A pesar de los argumentos utilizados para justificar esta ofensiva de gran alcance, las prácticas abusivas empleadas por el gobierno de Arabia Saudí son preocupantes, similares prácticas han sido utilizadas contra las personas acusadas de delitos de terrorismo".
En abril, un portavoz del Ministerio del Interior dijo que alrededor de 5.000 personas relacionadas con el ''grupo desviado'', es decir, al-Qaeda, habían sido interrogados y se refirió también a los juicios. Amnistía dijo que el régimen saudí continúa deteniendo a miles de personas, muchos de ellos sin cargos ni juicios, en el terreno relacionado con terrorismo. La tortura y otros malos tratos durante su detención siguen siendo muy extendidos.
En julio Amnistía Internacional publicó una copia filtrada de un proyecto secreto de la ley antiterrorista, lo que permitirá a las autoridades saudíes enjuiciar a la disidencia pacífica como un 'delito de terrorismo' y permitir que las detenciones sin cargos sean prolongadas y sin juicio. Después de que Amnistía publicó el proyecto de ley, las autoridades saudíes aparecieron brevemente para bloquear el acceso a la página web de la organización desde dentro del Reino Unido y dijo que sus preocupaciones acerca de la ley eran "simples suposiciones sin fundamento".
Si la ley es aprobada sin modificaciones, la ley anti-terrorista incluirá los delitos de "poner en peligro la unidad nacional"..."dañar la reputación del Estado o su posición". El cuestionamiento de la integridad del Rey con una pena de prisión de diez años.
Philip Luther añadió:
"A menos que sea cambiada radicalmente, el anteproyecto de ley antiterrorista hará que la actual situación empeore, ya que afianzará y hará legales las peores prácticas que hemos documentado".
"El régimen de Arabia Saudí tiene la responsabilidad absoluta de proteger a la población de los ataques violentos, pero tienen que hacerlo dentro de los límites del derecho internacional", dijo.
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