Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Cuatro consejos musulmanes de los departamentos de Loiret, Aube, Bouches-du-Rhône y Seine-et-Marne han interpuesto una querella ante el tribunal judicial de París contra persona desconocida por la publicación de una encuesta del IFOP encargada por la revista Écran de Veille y difundida el 18 de noviembre, acusándola de incumplir la ley francesa de 19 de julio de 1977 sobre imparcialidad en los sondeos de opinión.
Los abogados Rafäel Kempf y Romain Ruiz sostienen que las preguntas estaban redactadas de forma provocadora, que se manipuló la presentación de los resultados –al insertar la palabra «sharía» entre paréntesis junto a la expresión “preferencia de las normas religiosas sobre la ley francesa” cuando jamás apareció en las preguntas– y que se criminaliza prácticas legales como el sacrificio ritual, compartido por musulmanes y judíos.
La denuncia subraya que la encuesta, realizada sobre una muestra de 1.005 musulmanes, amplifica respuestas minoritarias con fines sensacionalistas y ha sido aprovechada por medios y círculos de extrema derecha para presentar a los musulmanes franceses como una amenaza interna. El Consejo Francés del Culto Musulmán (CFCM) y el rector de la Gran Mezquita de París han condenado igualmente el estudio por alimentar activamente el miedo y la islamofobia.
Desde Alemania, el secretario general de la Comunidad Islámica Milli Görüş, Ali Mete, ha calificado el informe de “extremadamente sesgado y peligroso” por vincular directamente prácticas devotas –como la oración regular, el ayuno de Ramadán o la asistencia a la mezquita– con el “radicalismo político”, lo que, a su juicio, refuerza estereotipos y debilita la cohesión social.
El Ministerio del Interior francés ha registrado este año un aumento del 75 % en los incidentes islamófobos respecto al año anterior, un contexto en el que las asociaciones musulmanas advierten que este tipo de publicaciones se convierten en herramientas de intimidación y estigmatización sistemática de la minoría musulmana.
El caso, que podría sentar precedente sobre la responsabilidad de los institutos demoscópicos, reabre el debate nacional sobre los límites entre la libertad de investigación y la incitación al odio religioso en un país que se presenta como cuna del laicismo.
Su comentario