Agencia de Noticias de Ahlul Bait (ABNA) — Por su parte el régimen saudí está descuidando los derechos de los musulmanes shiítas en su territorio, según un informe publicado por Shia Rights Watch. Este informe de 27 páginas examina las prácticas gubernamentales y casos documentados de violaciones de derechos humanos para demostrar la necesidad de que el gobierno de los Estados Unidos apoye activamente a la población shiíta de Arabia Saudí, así como para instar a las autoridades saudíes a reformar las prácticas de su régimen.
La monarquía saudí, gobernada por la familia al-Saud desde su fundación en 1934, es en su mayoría musulmana sunita perteneciente a la secta wahabita del Islam, la cual es intolerante y opresiva hacia la minoría musulmana shiíta, que representa el 15-20 por ciento de la población total del país de 28 millones de habitantes. Las ramas shiítas del Islam como los Duodecimanos y los Ismailíes han sido capaces de mantener una fuerte presencia religiosa a pesar de la opresión generalizada, sin embargo, millones aún se enfrentan a graves violaciones a sus derechos humanos.
El informe incluye los resultados de una investigación realizada por Shia Human Watch en los últimos meses. Esta investigación puso de manifiesto que la discriminación es común en diferentes sectores. Los shiítas enfrentan discriminación en el empleo, restricciones en las oportunidades educativas, detenciones arbitrarias, asesinatos y la destrucción de sus centros religiosos. Según el informe, "el gobierno saudí no sólo suprime a los shiítas, sino que también utiliza su poder para limitar a los shiítas y sus actividades con el fin de reducir su poder e influencia". El informe identifica casos concretos en los que el régimen saudí violó las disposiciones claves de esta declaración, en particular los relacionados a los derechos a la vida, a la educación igualitaria, a la libre expresión, de reunión pacífica, a la dignidad y la fraternidad, la igualdad y el empleo.
El informe se basa en gran parte en los estudios de casos de incidentes de violaciones de los derechos humanos en los conflictos acaecidos durante la denominada "Primavera Árabe". Según los reporteros, el régimen saudí es culpable del arresto y detención de manifestantes pacíficos shiítas en la tensión de la Primavera Árabe.
Los niños saudíes no han sido protegidos de esta discriminación y violencia. Según el informe, "los niños shiítas sufren mucho en Arabia Saudí debido a su fe y su sistema de creencias. Durante los últimos meses, muchos niños han sido detenidos sin ninguna ley u ordenamiento que protega sus derechos". Una lista muestra los nombres de los once niños shiítas que han sido detenidos en los últimos meses.
Este informe también señala que las prácticas saudíes se apartan de las leyes y de los derechos humanos en las escuelas. El informe cita el informe de 2011 de la Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional, la cual dice: "en Arabia Saudí la educación es particularmente difícil y restringida a los planes de estudios wahabitas. No hay tolerancia hacia cualquier otro sistema de creencias, aparte de la wahabita".
Más allá de la educación, el informe también detalla incidentes de discriminación en el empleo, en el que los musulmanes shiítas están excluídos de las industrias petroleras y petroquímica. Esto deja a muchos shiítas empobrecidos a pesar de vivir en uno de los países más ricos del mundo y ser habitantes de la Provincia Oriental (Al-Awwamiyah y Qatif), región que acumula la casi totalidad de recursos petrolíferos y de gas del reino.
El informe concluye con recomendaciones de acciones a tomar por el gobierno de los EE.UU. con el fin de proteger a los musulmanes shiítas en Arabia Saudí a partir de la continua violencia y discriminación. De conformidad con la Carta Internacional de Derechos Humanos, estas recomendaciones incluyen medidas para liberar a los prisioneros políticos, reconstruir edificios destruídos (principalmente lugares de culto), compensar económicamente a las familias de las víctimas, fomentar la paz centrada en el diálogo y poner fin a las prácticas gubernamentales discriminatorias que han obstaculizado a los shiítas para ejercer sus libertades y su participación en asuntos públicos.
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