30 mayo 2011 - 19:30

Manama. 31 de Mayo (ABNA) — Parlamentarios salafistas bahreiníes de la secta wahabita pidieron hoy a las autoridades a enjuiciar a sus antigüos colegas legisladores shiítas por traición, a raíz de los documentos de wikileaks sugiriendo que el partido de oposición Al-Wefaq se reunió con funcionarios de la embajada de EEUU en Manama.

Agencia de Noticias de Ahlul Bait (ABNA) —  En un comunicado la Sociedad Islámica Al-Salah, la cual representa a los Salafistas,  llamaron a Al-Wefaq -que tiene casi la mitad de la asamblea de 40 asientos- de  "daga envenenada" que amenaza la seguridad nacional en el Golfo Pérsico a raíz de la filtración de cables diplomáticos de EE.UU.

Al-Wefaq, es el grupo que lidera la oposición shiíta, dimitieron de sus puestos parlamentarios en febrero en protesta por la represión letal de las fuerzas de seguridad contra manifestantes reformistas en la capital de Manama el pasado 14 de Febrero.

De acuerdo con Al-Salah, los cables revelan un alto nivel de cooperación entre Al-Wefaq.

"Estas reuniones revelan que Al-Wefaq no es sólo un agente para la Agenda iraní en el país sino también para la estadounidense".

El Grupo Salafista afirma que esas reuniones revelan la magnitud de la conspiración "extranjera" contra Bahrein por potencias como EEUU, Gran Bretaña e Irán, entre otros.

Al menos 30 personas fueron martirizadas durante la represión del Gobierno hacia los manifestantes reformistas, que incluyó el uso de municiones de guerra, dijeron los activistas.

Cientos de personas habían sido detenidas, y más de 1.500 fueron despedidas de sus puestos de trabajo, incluyendo médicos, educadores, profesionales y estudiantes - por participar en las manifestaciones anti-gubernamentales.

A raíz de los levantamientos de Túnez y Egipto, los manifestantes demandaron reformas políticas y mayores libertades en Bahrein.

La violencia se intensificó en marzo, cuando las tropas del Golfo fueron desplegadas en el Reino y se declaró el estado de emergencia para ayudar a sofocar los disturbios.

El estado de emergencia, el cual será levantado el 1 de Junio, prohíbe todas las reuniones públicas y permite detenciones arbitrarias y el juicio de civiles en tribunales militares.

 

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