Agencia de Noticias de Ahlul Bait (ABNA) - Aunque los tumultuosos dieciocho días anteriores habían servido para unir a la abrumadora mayoría de los egipcios con independencia de su orientación política, creencia religiosa, clase económica o estrato social, la victoria final de la revolución no era algo inevitable. Las manifestaciones masivas que empezaron el 25 de enero fueron originalmente convocadas por grupos en los que predominaban los jóvenes activistas, como el Movimiento del 6 de Abril y “Todos somos Khaled Said”, en referencia al joven bloguero asesinado por agentes de la seguridad del estado. La mayoría de los partidos políticos y movimientos sociales establecidos, incluidos los Hermanos Musulmanes (HM), no apoyaron inicialmente los llamamientos a las protestas previendo la ofensiva de respuesta de las fuerzas de seguridad, aunque no desanimaron a sus miembros de que participaran.
En cuestión de días las manifestaciones se extendieron, dejando claro que las fuerzas de seguridad no iban a poder ahogar las crecientes protestas. El 28 de enero, los manifestantes convocaron un Día de la Ira, y todos los partidos genuinos de oposición, dirigidos por los HM, tomaron las calles pidiendo la destitución de Mubarak. El régimen cayó en dos semanas y el ejército, bajo el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA), que se negó a apoyar a Mubarak y a dispersar violentamente a los manifestantes, asumió el control político prometiendo una transferencia pacífica del poder al gobierno civil que saliera democráticamente elegido en las elecciones que se celebrarían seis meses después.
Fue el acontecimiento más memorable en la historia moderna de Egipto. Y los revolucionarios volvieron a casa satisfechos de su asombroso logro mientras los residuos del régimen –los fulul- emprendían la fuga.
Pero esta increíble unidad histórica de todos los egipcios se disipó pronto, cediendo el paso a profundas divisiones ideológicas. Temas urgentes como si la constitución debía estar redactada antes de las elecciones democráticas o viceversa, o cuestiones de mayor enjundia acerca de la identidad del país, la naturaleza del estado, el papel del Islam en la sociedad y el estatus del ejército se debatieron acaloradamente fuera del marco convenido. Los grupos sociales y religiosos que estaban muy organizados insistieron en celebrar primero las elecciones a fin de utilizar su clara ventaja sobre los demás, especialmente sobre los nuevos grupos revolucionarios que carecían de estructura, personal y recursos.
Pero, a causa del punto muerto auspiciado por el CSFA, estos grupos revolucionarios fueron pronto conscientes de que ninguno de sus objetivos iba a cumplirse si no ejercían tremendas presiones sobre la cúpula militar. Durante varios meses, las manifestaciones masivas volvieron a la Plaza Tahrir para obligar al CSFA a disolver el parlamento y las asambleas locales, cambiar el gobierno, forzar los juicios del depuesto presidente y de sus corruptos compinches, revocar las leyes del estado de emergencia y acabar con los juicios militares, entre otras demandas revolucionarias.
A través de esas manifestaciones, que en ocasiones se convirtieron en letales, especialmente en julio y noviembre, los jóvenes revolucionarios acusaron a los HM de cerrar los ojos ante los abusos del CSFA y, en algunas ocasiones, incluso de defender o justificar sus acciones. De ahí que a lo largo del verano se formaran dos campos principales: el campo religioso, con los HM y los más conservadores salafíes, por una parte, y el campo laico que incluía a liberales, izquierdistas y muchos grupos de jóvenes, por la otra. Los primeros querían claramente que se mantuviera la calma para no dar ningún pretexto a que se retrasaran las elecciones parlamentarias, fijadas para finales de noviembre, mientras que los segundos acusaban a los primeros de buscar su conveniencia política a expensas de los principales objetivos de la revolución.
A finales de enero de 2012, las elecciones a las dos cámaras del parlamento concluyeron con sorprendentes victorias para el campo religioso, cosechando casi el 75% de los escaños, con el Partido para la Justicia y la Libertad, el brazo político de los HM, consiguiendo el 47% de los escaños, mientras el Partido Nur, el brazo político de los grupos salafíes, conseguía el 25% de los escaños. Otros partidos islámicos más pequeños recibieron el 3%, mientras que todos los liberales y los partidos de izquierda combinados adquirían menos del 22%. Los fulul del prohibido Partido Democrático Nacional (PDN), que aparecieron con nombres de nuevo cuño, recogieron menos del 3%.
Los Hermanos Musulmanes y el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas
Las acusaciones de los grupos revolucionarios no surgían precisamente de la nada. Los HM, a causa de su naturaleza, constituyen un grupo conservador que favorece las reformas por fases más que los cambios revolucionarios. Llevaban prohibidos desde el año 1954 tras su enfrentamiento con el régimen de Naser. Desde la salida de sus miembros de las prisiones en los primeros años setenta, su objetivo fundamental era recibir el reconocimiento del estado y trabajar dentro del sistema. Por eso, cuando en un encuentro secreto en el momento álgido de la revolución, el 1 de febrero, el ex jefe de inteligencia y Vicepresidente Omar Suleiman ofreció a los dirigentes de los HM reconocimiento y la liberación de la prisión de sus más altos líderes a cambio de retirar a sus bases de las calles, el Guía Supremo Adjunto Khairat El-Shater y el hombre de negocios Hasan Malek aceptaron. Mientras tanto, los revolucionarios, incluyendo a los grupos jóvenes de los HM y otros rivales dentro del liderazgo de los HM en aquel momento, como el Dr. Abdel Moneim Abol Fotuh, se negaron a salir de la Plaza Tahrir y desafiaron abiertamente la propuesta. El ataque de los matones del régimen anterior al día siguiente en la Batalla del Camello obligaron a los dirigentes a cambiar de dirección y ese acuerdo se convirtió en una cuestión candente.
Desde que el CSFA tomó el poder en febrero de 2011 y durante casi un año, la tácita luna de miel entre los dos centros de poder más fuertes del país, por diferentes razones, fue evolucionando. Por una parte, los HM no querían volver a pasar por una repetición de su confrontación con el ejército del año 1954 que terminó en su prohibición y encarcelamiento. Confiando en su capacidad para ganar unas disputadas elecciones democráticas, pasaron por alto todos los intentos del CSFA para frustrar el cumplimiento de los objetivos de la revolución, especialmente respecto a celebrar investigaciones y juicios sobre la corrupción o el destierro de los antiguos reales al régimen en el gobierno.
El 10 de febrero de 2011, la víspera del triunfo de la revolución, por primera vez en años se reunió el alto órgano dirigente de los HM, de unos 120 miembros, y anunció que no iban a pretender más del 30-40% de los escaños del nuevo parlamento y que no presentarían un candidato presidencial. Ante unos grupos ansiosos de la sociedad civil y las nerviosas potencias internacionales, dieron todo tipo de seguridades acerca de que querían ser tan solo uno de los componentes del gobierno del país y que no deseaban tener que enfrentar sanciones similares a las de Hamas en Gaza tras ganar las elecciones de 2006.
Durante el año 2011, la principal estrategia de los HM y su afiliado el PJL fue dirigir una estrecha coordinación, o al menos una relación amistosa y cordial, con el CSFA para no dar al ejército ningún pretexto para retrasar o cancelar las elecciones parlamentarias. Pero con la proximidad de las elecciones, la promesa de no aspirar a más del 30-40% de los escaños se evaporó y el grupo se presentó prácticamente al 100% de los candidatos, consiguiendo resultados impresionantes al obtener casi el 47% de los 498 miembros elegidos en la cámara baja (la Asamblea Popular) y el 50% de los 180 miembros elegidos de la cámara alta (el Consejo de la Shura).
Mientras tanto y desde que asumió el reino del poder, el CSFA ha tenido tres principales objetivos que querían asegurarse antes de traspasar el control a un futuro gobierno civil. Desde el tratado de paz con Israel de 1979, el ejército había ido calladamente apoderándose de una parte sustancial de la economía egipcia, estimada por los expertos entre un 25-35%, abarcando muchos sectores, entre ellos la agricultura, la industria, el sector inmobiliario y la energía. Este control permitió que muchos generales y altos dirigentes militares, así como sus familias, disfrutaran de unas riquezas enormes sin transparencia ni responsabilidad pública algunas. Nadie en el gobierno, por no hablar del parlamento o del pueblo, conoce el alcance de sus participaciones, ni quién tiene el control de las mismas o cómo están gastándose. Como cabía esperar, el CSFA justifica la ocultación y el control de esos recursos públicos en nombre de la seguridad nacional.
En segundo lugar, el ejército ha tratado desesperadamente de buscar una inmunidad total frente al procesamiento o rendición de cuentas por todo lo hecho en el pasado, especialmente respecto a la corrupción financiera. Pero nadie sabe actualmente lo que supondría tal inmunidad, aunque se sospecha que podría destaparse la riqueza masiva y la corrupción una vez que los altos dirigentes militares se retiren o desaparezcan de la escena. Finalmente, el ejército quería conseguir un estatus especial en la constitución que le permitiera controlar su presupuesto sin una supervisión civil y disfrutar de poder de veto en áreas políticas estratégicas, incluidas las relaciones exteriores y las decisiones sobre la guerra y la paz.
Poco después de la caída del régimen, el CSFA calculó que el camino más fácil para conseguir sus principales objetivos era alcanzando un acuerdo tácito en esas materias con los HM, el mayor grupo político organizado. Cuando el CSFA insertó estas disposiciones en el denominado documento supraconstitucional del pasado noviembre, los HM, junto con la mayoría de los grupos políticos de la oposición, rechazaron tal documento en una demostración masiva de protesta pública que forzó la caída del gobierno y la retirada de tales pretensiones.
Mientras tanto, el CSFA impidió que el Partido por la Justicia y la Libertad (PJL), el partido mayoritario afiliado a los HM en el parlamento, formara un nuevo gobierno tras las elecciones mientras nombraba un gobierno encabezado por ex Primer Ministro de Mubarak, el Dr. Kamal Al-Ganzouri. Con el empeoramiento de las condiciones de la situación económica y de seguridad en el país, la gente culpó a los HM por no cumplir sus promesas de buena gobernanza, mientras las Hermandad se quejaba de que el CSFA no le había permitido formar gobierno.
Pero el principal objetivo del parlamento electo era elegir a cien personas que integraran el comité de redacción de la constitución. En lugar de celebrar negociaciones por todo el país con todos los partidos políticos y grupos de la sociedad civil acerca de los criterios para elegir a los miembros de ese comité, el PJL mantuvo conversaciones bilaterales con el partido salafí Nur llegando a un acuerdo por el que se designó a cincuenta miembros del parlamento para el comité constitucional, dominado por los islamistas. Al final, el total de islamistas nombrados para el comité comprendía las dos terceras partes (mayoría cualificada) del total de los miembros y estaban dominados por miembros o partidarios de los HM. No solo se indignaron los partidos liberales y de izquierdas, así como los grupos revolucionarios, sino incluso las entidades religiosas y los grupos de la sociedad civil, incluyendo Al-Azhar, la iglesia copta, los partidos de la oposición, los sindicatos y el Tribunal Supremo, se enfadaron y retiraron a sus miembros del comité. Como era de esperar, todos condenaron la política de exclusión que los HM prometieron no poner en marcha. Finalmente, el Alto Tribunal Administrativo invalidó el comité y los partidos están de nuevo discutiendo tratando de elaborar criterios nuevos una vez que el PJL reconoció sus tácticas prepotentes y no apeló el fallo.
Sin embargo, a finales de febrero, el PJL se sintió fortalecido y muy seguro de sus ganancias electorales. El portavoz de la Asamblea y el presidente del Consejo de la Shura, así como los presidentes de los principales comités eran todos miembros de los HM. También estaban encargados de nombrar al comité de redacción de la constitución. Por eso exigieron al CSFA ser ellos quienes estuvieran al frente de una coalición de gobierno. A primeros de marzo tuvo lugar una tensa reunión entre las dos partes. El ejército se sentía molesto por la forma en la que los HM formaron el comité de redacción de la constitución y por su categórica oposición al especial estatus del ejército en la nueva constitución. Durante la reunión, los generales jugaron fuerte. Les dijeron a los dirigentes de los HM que no solo se les iba a negar la oportunidad de formar gobierno, sino que tampoco se les iba a permitir que controlaran los ministerios clave, incluyendo relaciones exteriores, interior, hacienda y justicia. También insinuaron que la decisión de disolver el nuevo parlamento electo que el PJL dominaba estaba cercana si no cooperaban y retiraban su moción para disolver el gobierno. En resumen, una lucha de voluntades se había puesto en marcha.
Por vez primera desde que el CSFA asumió el poder, los HM decidieron desafiarlo seriamente. En pocos días, los HM publicaron un fogoso comunicado que atacó al ejército de forma sin precedentes, acusándole de tratar de frustrar la revolución y chantajear al grupo, y advirtiendo a la gente que el CSFA era capaz de amañar las próximas elecciones presidenciales. Al día siguiente, el CSFA emitió su propia y dura respuesta negando todas las acusaciones y advirtiendo a los HM en una amenaza velada que no debía olvidar las lecciones del pasado y evitar repetir errores, en una referencia oblicua a la confrontación de 1954 entre las dos partes.
Poco después del Consejo de la Shura de los HM, su órgano de decisión más alto, que normalmente celebra dos encuentros al año, se reunió de forma inusitada dos veces en una semana para decidir los próximos pasos a dar. En respuesta al desafío del CSFA, el Consejo de Orientación, el órgano ejecutivo de los HM, propuso cambiar de rumbo y presentar un candidato presidencial. Se produjo entonces una polémica decisión en la que 52 de los 65 miembros que asistían a la reunión se opusieron temiendo que la violación de su promesa de hacía un año de no presentar un candidato pudiera erosionar aún más su credibilidad ante la gente. El Guía Supremo, el Dr. Muhammad Badie’ levantó la sesión y convocó otra pocos días después. En esa reunión posterior, asistieron 43 miembros más y todos votaron a favor de presentar un candidato, por lo que el recuento final pasó de 13 a 56 contra 52. Su candidato era el Guía Supremo Adjunto, Khairat El-Shater, ingeniero de formación y empresario de profesión. Pero lo más importante es que es un líder carismático que no solo estaba encargado del llamado Proyecto Renacer dentro del grupo, sino que también controlaba los elementos más importantes del grupo, incluida la organización, las finanzas y los medios de comunicación.
Estados Unidos y los Hermanos Musulmanes
Mustafa Al-Fiqi era uno de los más importantes pensadores políticos del régimen de Mubarak. Durante los intensos debates de 2009 y 2010 acerca de la candidatura de Gamal Mubarak para suceder a su padre, Al-Fiqi dijo que los criterios más importantes para el próximo presidente eran conseguir la bendició
