Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El director de RTVC, Hollman Morris, fue amenazado por un número desconocido tras emitir en RTVC Noticias testimonios de familiares del pescador Alejandro Carranza, quien habría sido identificado en videos del bombardeo estadounidense del 15 de septiembre. El mensaje, con lenguaje violento, advertía que tanto él como el canal serían “fácilmente dañados”.
Según la familia, Carranza, oriundo de Santa Marta, zarpó desde La Guajira la madrugada del 14 de septiembre en una lancha artesanal con dos motores. En las imágenes se ve una de las hélices levantada, señal de que la embarcación estaba a la deriva. “Era pescador y no es justo que lo hallan bombardeado”, dijo su prima Audenis Manjarres.
Morris afirmó que la lancha estaba averiada y no se había alejado de aguas colombianas, cuestionando la versión de EE.UU. sobre una operación antidrogas. También se investiga si otro pescador desaparecido de San Onofre (Sucre) viajaba con él.
El presidente Gustavo Petro respaldó la denuncia y exigió explicaciones a Washington, insistiendo en que el ataque fue una agresión a la soberanía colombiana. En respuesta, Donald Trump acusó a Petro de apoyar el narcotráfico y anunció la suspensión de relaciones comerciales con Colombia.
Fuentes oficiales informaron que, ante las amenazas a Morris y al sistema público de medios, el Ministerio de Defensa activó protocolos de protección con la Unidad Nacional de Protección (UNP). RTVC reafirmó su compromiso con la libertad de prensa, mientras en las comunidades costeras crece el temor entre los pescadores por nuevos ataques.
De confirmarse la veracidad de esta denuncia, el bombardeo de una embarcación civil en aguas presumiblemente colombianas constituiría una violación grave del Derecho Internacional, en particular de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), que garantiza la libertad de navegación y la protección de las embarcaciones civiles en aguas territoriales y zonas económicas exclusivas. Además, el ataque infringiría los principios del Derecho Internacional Humanitario, al atentar contra personas no combatientes, como pescadores artesanales. Este tipo de acciones, ejecutadas sin consentimiento del Estado ribereño ni mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, podría ser interpretado como un acto de agresión según el artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas, representando no solo una vulneración de la soberanía colombiana, sino también un precedente peligroso que amenaza la estabilidad y la seguridad regional en América Latina.
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